La defensora particular había solicitado la medida ante el delicado estado de salud mental de su asistido, acreditando que el sistema penitenciario no podía garantizar el tratamiento psiquiátrico ni la medicación necesaria. El tribunal, tras celebrar la audiencia prevista en el art. 168 bis del Código Procesal Penal, reconoció que

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la nulidad de una inspección realizada sin orden judicial y avaló los planteos de la defensa. El Estudio VBA demostró que el procedimiento, presentado como control administrativo, constituía en realidad un allanamiento encubierto y violatorio del derecho a

La Corte Suprema reafirmó el carácter excepcional de la prisión preventiva y la obligación de una motivación suficiente, recordando que la libertad es la regla y que toda detención debe fundarse en riesgos procesales reales y comprobables.

La Cámara en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Esquel (Chubut) declaró la nulidad de una sentencia penal al detectar que el juez de primera instancia había incorporado, sin control ni transparencia, fragmentos generados por un asistente de inteligencia artificial. La perla que delató el problema fue una frase