Origen del Conflicto
El litigio comenzó cuando Embotelladora del Atlántico S.A. promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra los artículos 242 al 247 del Capítulo Vigésimo Segundo del Código Tributario Municipal (Ordenanza N° 237/86, T.O. 2019) y los artículos 94 y 111 de la Ordenanza Tarifaria Anual 2020 (Ordenanza N° 6359/2020). La empresa alegaba que dichas normativas establecían una tasa por inspección sanitaria en los alimentos que ingresaban a la ciudad, lo cual consideraban una forma de aduana interior prohibida por la Constitución Nacional.
La Decisión Judicial
Inicialmente, la demanda fue rechazada en primera instancia, lo que llevó a la compañía a apelar. Durante el proceso de apelación, Embotelladora del Atlántico argumentó su estricto cumplimiento con todas las regulaciones nacionales vigentes, incluyendo el Código Alimentario Argentino y las normas de control de alimentos. Además, señalaban que las inspecciones redundantes por parte del municipio no solo eran innecesarias, sino que contravenían regulaciones superiores.
El 2 de febrero, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca falló a favor de la empresa, resolviendo que las ordenanzas municipales impugnadas efectivamente contravenían los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Constitución Nacional, que prohíben la creación de restricciones al tránsito y comercio entre provincias.
Implicaciones del Fallo
Este fallo es significativo por varias razones. Primero, reafirma el principio de que las regulaciones locales no pueden contraponerse ni sobrepasar las leyes nacionales, especialmente en asuntos de comercio y circulación. Segundo, destaca la importancia de la coordinación entre las diversas jurisdicciones y niveles de gobierno en Argentina, asegurando que las regulaciones locales no obstaculicen la operatividad y expansión de empresas que cumplen con la legislación nacional.
Conclusión
El caso de Embotelladora del Atlántico S.A. vs. el Municipio de Santa Rosa sirve como un recordatorio crítico de los límites del poder regulador municipal frente a la normativa constitucional y las leyes federales. Al mismo tiempo, subraya la necesidad de un marco regulatorio claro y coherente que facilite, en lugar de obstaculizar, la actividad económica en el país. Este fallo no solo es una victoria para la empresa involucrada, sino también un precedente importante para futuras disputas entre entidades comerciales y autoridades locales en Argentina.
Fuente: La Ley.
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