En el ámbito del derecho penal, cada caso ganado representa no solo la defensa de un individuo, sino también la afirmación de principios fundamentales que protegen a la sociedad. En esta ocasión, el estudio jurídico [Nombre del Estudio Jurídico] se enorgullece de haber logrado una resolución favorable en el incidente de apelación relacionado con la causa “Zeballos, Cintia Fabiana y otros sobre suministro infiel o irregular de medicamentos” (INC 87046/2023-1), donde se cuestionaba la legalidad de la comercialización de lentes de contacto no autorizados por la ANMAT.

Contexto del Caso

El caso se originó con una denuncia del presidente de la Cámara Argentina de Óptica (CADEO) sobre la venta irregular de lentes de contacto de las marcas “Premium Lenses” y “Solotica” a través de plataformas como Instagram y Mercado Libre. Estos productos no contaban con el registro correspondiente ante la ANMAT, lo que representaba un riesgo para la salud pública. La investigación policial y fiscal resultó en la identificación de domicilios desde donde se almacenaban y vendían estos productos sin la habilitación requerida.

Nuestro cliente, Jhonny Richard Funes Vera, fue acusado de almacenar y comercializar estos productos sin la debida autorización, lo que derivó en una inspección integral por parte de la División Delitos contra la Salud y otros entes gubernamentales. A pesar de la aparente legalidad del procedimiento, nuestra defensa identificó múltiples irregularidades, incluyendo la falta de una orden judicial para el allanamiento y el uso indebido del consentimiento del acusado.

Estrategia de Defensa

Desde el principio, nuestra estrategia se basó en cuestionar la validez de la inspección y el procedimiento de secuestro de pruebas:

1. Nulidad del Registro Domiciliario: Argumentamos que la inspección realizada en el domicilio de nuestro cliente carecía de una orden judicial válida, contraviniendo así los artículos 18 de la Constitución Nacional y 13 inciso 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Consentimiento Viciado: Señalamos que el consentimiento otorgado por nuestro cliente para la inspección no fue libre ni informado, pues fue realizado bajo presión y sin el debido asesoramiento legal sobre sus derechos.

3. Cuestionamiento de la Legalidad del Procedimiento: Resaltamos que las autoridades fiscales no habían justificado adecuadamente la urgencia o necesidad de prescindir de una orden judicial, basándose en la presunta flagrancia que no se sostenía en las pruebas presentadas.

La Decisión Judicial

El Tribunal, tras evaluar nuestros argumentos, revocó la decisión inicial del Juzgado PCyF Nº3 que había rechazado nuestro planteo de nulidad. Se determinó que la inspección efectuada sin la orden judicial correspondiente y basada en un consentimiento no válido constituía una violación de los derechos constitucionales de nuestro cliente. Por tanto, se declaró la nulidad del ingreso y del secuestro de los elementos hallados, anulando todo lo actuado en consecuencia.

Este fallo no solo representa una victoria para nuestro cliente, sino también un precedente importante en la protección de los derechos constitucionales frente a actuaciones fiscales y policiales indebidas. Demuestra la necesidad de respetar los procedimientos legales establecidos para la investigación de delitos y garantiza que las autoridades actúen dentro del marco de la ley, protegiendo así las libertades individuales.

Nos comprometemos a defender los derechos de nuestros clientes con dedicación y conocimiento profundo del marco legal. Cada caso es una oportunidad para afirmar el estado de derecho y garantizar que la justicia prevalezca. Nuestra reciente victoria es testimonio de nuestra capacidad para enfrentar y superar desafíos legales complejos, asegurando resultados favorables para nuestros clientes.