En una decisión que clarifica los límites entre el error judicial y el delito de prevaricato, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Jujuy ha establecido un precedente significativo. El caso en cuestión, originado por un recurso de apelación del fiscal Walter Hugo Rondón, aborda la negativa de un juez a aplicar medidas cautelares en un caso de violencia de género, alegando una falta de aplicación de las leyes 26485 y 6186, relacionadas con la protección y la emergencia en materia de violencia de género.

El fiscal argumentó que el magistrado, al no actuar con la debida perspectiva de género, se había apartado gravemente de la normativa aplicable, configurando un acto de prevaricato. Sin embargo, el juez de control encargado de la investigación jurisdiccional sobreseyó al acusado, G. M., al no encontrar elementos objetivos que sustentaran la acusación de prevaricato, definido en el artículo 379 inciso 2º del Código Procesal Penal (CPP).

La Cámara de Apelaciones y Control, a su vez, encontró el recurso del fiscal inadmisible e improcedente, basándose en los artículos 450 y 454 del CPP. La falta de fundamentos concretos y razonados, junto con la ausencia de indicios de malicia o deliberación en la decisión del juez, llevó a la conclusión de que no se configuraba el delito de prevaricato.

La Suprema Corte de Jujuy, en su análisis, profundizó en la naturaleza del prevaricato, resaltando que no toda decisión jurídicamente incorrecta se traduce automáticamente en este delito. Es crucial que exista una manifestación de malicia y una clara intención de actuar contra la ley, lo que no se encontró en este caso. El Tribunal enfatizó que un error en la interpretación o aplicación de la ley, sin más, no constituye prevaricato, ni acarrea consecuencias civiles o administrativas por sí mismo para el emisor de la decisión.

Conclusión:

Este fallo de la Suprema Corte de Jujuy es fundamental para comprender los límites dentro de los cuales los jueces pueden operar sin temor a ser acusados de prevaricato, siempre y cuando sus decisiones, aun cuando sean erróneas, no estén marcadas por la malicia. También subraya la importancia de la fundamentación adecuada en las decisiones judiciales y el rol de la perspectiva de género en la aplicación de la ley, aspectos críticos en la protección de los derechos en casos de violencia de género.