La defensa técnica de XXX logró, en primera instancia, que se declarara extinguida la acción penal por prescripción, conforme a los plazos previstos por la ley penal y la doctrina jurisprudencial consolidada en la materia. Esa decisión fue luego confirmada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que también avaló el sobreseimiento.

Disconforme con esa resolución, el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación, que fue declarado inadmisible. Lejos de cesar en su intento, la acusación intentó abrir la instancia federal mediante un recurso extraordinario, pretendiendo llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, y en línea con lo que esta defensa sostuvo a lo largo del proceso, la Cámara de Casación volvió a marcar un límite claro: las reglas de admisibilidad de los recursos no pueden forzarse para reabrir causas ya concluidas. Así, el tribunal señaló que lo planteado por la Fiscalía no constituía una cuestión federal revisable, sino una discrepancia sobre la aplicación de normas procesales que ya habían sido tratadas y resueltas correctamente.