Absolución en una causa por fraude a la administración pública: duda razonable y presunción de inocencia

En Estudio VBA intervenimos en causas penales complejas con una premisa central: en todo proceso penal, y con especial intensidad en aquellos vinculados con presuntas irregularidades en la función pública, la condena solo puede dictarse cuando la acusación logra demostrar de manera suficiente, coherente y concluyente la responsabilidad penal de cada imputado. Cuando esa carga no se satisface, la absolución no constituye una concesión excepcional, sino la consecuencia necesaria del principio de inocencia, de la regla de la duda razonable y de los estándares probatorios que estructuran un sistema penal compatible con el Estado de Derecho.

Dentro de ese marco, asumimos la defensa de B.R.N. y J.R. en la causa “Cecilia Torres Otarola y otros p.s.a. fraude a la administración pública”, obteniendo una resolución absolutoria dictada por el Tribunal Colegiado de Rawson con fecha 30 de diciembre de 2024. La sentencia concluyó que la prueba producida por el Ministerio Público Fiscal no alcanzaba para demostrar, con el grado de certeza exigible en materia penal, que nuestros asistidos hubieran participado en el esquema fraudulento atribuido por la acusación. En consecuencia, el tribunal resolvió aplicar el principio de la duda razonable en favor de los defendidos.

La causa se desarrolló en un contexto de fuerte sensibilidad institucional y pública. Según la hipótesis fiscal, diversos funcionarios y colaboradores del gobierno provincial habrían sido incorporados o mantenidos en cargos públicos sin prestación efectiva de tareas, con el supuesto objetivo de percibir indebidamente fondos estatales. En ese marco, la acusación sostuvo que Cecilia Torres Otarola, en su rol de exdiputada y exministra, habría estructurado un esquema de designaciones irregulares que beneficiaba a familiares y allegados a través del cobro de remuneraciones estatales sin contraprestación real.

Dentro de esa construcción acusatoria, J.R. fue señalada por su designación como Subsecretaria de Desarrollo Social en el Ministerio de Desarrollo Social, Familia y Juventud, mientras que B.R.N. fue cuestionado por su contratación bajo la modalidad de locación de obra en la Legislatura Provincial. La Fiscalía afirmó que ambos habrían percibido fondos públicos sin desarrollar funciones concretas, integrando así, supuestamente, un mecanismo de fraude a la administración.

Desde el inicio del proceso, nuestra defensa se orientó a cuestionar de manera frontal la consistencia probatoria de esa hipótesis. Sostuvimos que la acusación no lograba demostrar ni la inexistencia de tareas efectivamente realizadas ni la inserción de nuestros defendidos en un supuesto esquema delictivo. En otras palabras, la base misma del reproche penal era deficitaria: no alcanzaba con enunciar cargos, pagos o vínculos políticos para construir responsabilidad penal. Era indispensable probar, con precisión y sin contradicciones, que las funciones asignadas no fueron cumplidas, que existió conciencia y voluntad de integrar una maniobra fraudulenta y que el cobro de fondos públicos respondió a una simulación funcional y no a una relación de trabajo o colaboración estatal real.

Uno de los ejes centrales de la estrategia defensiva consistió en demostrar que B.R.N. sí había desarrollado actividades vinculadas con el objeto de su contratación. A tal fin, se incorporaron elementos que daban cuenta de su desempeño en la Casa del Chubut en Buenos Aires, así como de su participación en tareas y acciones relacionadas con políticas públicas y gestiones vinculadas al área. Del mismo modo, se acreditó que J.R. había desplegado funciones en el ámbito del Ministerio, especialmente en tareas conectadas con la asistencia y acompañamiento de ciudadanos chubutenses residentes en Buenos Aires, dentro del marco institucional que correspondía a su designación.

En este tipo de causas, ese punto resulta decisivo. La discusión no puede reducirse a la mera existencia de un nombramiento, un contrato o una transferencia de haberes. Lo jurídicamente relevante es determinar si existió o no una contraprestación funcional real, si el rol asignado tuvo desarrollo efectivo y si la acusación puede probar, de manera inequívoca, que la designación fue puramente ficticia o instrumental a una maniobra defraudatoria. Nuestra defensa trabajó precisamente sobre esa distinción, mostrando que la hipótesis de la Fiscalía no superaba el umbral de la sospecha y no alcanzaba el grado de certeza que exige una sentencia condenatoria.

Otro punto decisivo fue el cuestionamiento a la suficiencia de la prueba pericial contable y de los restantes elementos económicos invocados por la acusación. La Fiscalía pretendió apoyarse en movimientos bancarios, pagos y reconstrucciones patrimoniales para sostener la idea de un beneficio indebido. Sin embargo, la defensa destacó que esos elementos, por sí solos, no acreditaban irregularidad penal alguna, y mucho menos permitían inferir que nuestros asistidos hubieran percibido fondos sin prestación efectiva de tareas. La existencia de pagos estatales, incluso acreditada documentalmente, no reemplaza la demostración del elemento central de la acusación: la falta de contraprestación real y la integración consciente a un esquema fraudulento.

El tribunal receptó esta línea de defensa. Tras valorar la prueba testimonial, documental y pericial producida durante el juicio, concluyó que el Ministerio Público Fiscal no había logrado demostrar de manera contundente que B.R.N. y J.R. no hubieran cumplido las funciones para las que fueron contratados o designados. Por el contrario, la sentencia advirtió contradicciones internas en la tesis acusatoria y remarcó que la Fiscalía había partido de premisas incompatibles acerca del efectivo desempeño funcional de los imputados, sin conseguir acreditar fehacientemente el incumplimiento que pretendía atribuirles.

Ese punto es central desde el punto de vista dogmático y procesal. En materia penal, la condena no puede fundarse sobre ambigüedades, inferencias abiertas o contradicciones no resueltas de la acusación. Cuando el propio planteo fiscal oscila entre premisas incompatibles o no logra consolidar una reconstrucción coherente de los hechos, el estándar de certeza requerido para condenar se ve necesariamente comprometido. Frente a ese escenario, la absolución no responde a benevolencia judicial ni a una opción discrecional, sino al funcionamiento mismo de las garantías penales.

La sentencia también otorgó relevancia al hecho de que las contrataciones y designaciones cuestionadas se habían instrumentado dentro del marco normativo vigente. El tribunal destacó que la incorporación de personal de confianza en determinadas funciones políticas o de colaboración no constituye, por sí sola, una irregularidad penal. Esta observación reviste especial importancia en causas donde se pretende transformar en delito aquello que, en realidad, forma parte de las lógicas propias del funcionamiento político-administrativo, salvo que se pruebe de manera concreta y suficiente una simulación funcional y un desvío fraudulento del aparato estatal.

Además, el fallo tomó en consideración el contexto de pandemia y las dificultades objetivas que afectaron la implementación de diversos proyectos y tareas en la Casa del Chubut en Buenos Aires, ámbito en el que parte de las funciones se desarrollaban o debían articularse. Este aspecto no fue tratado como una excusa genérica, sino como un elemento contextual relevante para valorar el modo efectivo en que podían desplegarse ciertas actividades durante ese período excepcional. En investigaciones de esta naturaleza, prescindir del contexto institucional y temporal conduce fácilmente a lecturas simplificadas e injustas de los hechos.

Desde una perspectiva más amplia, la absolución obtenida reafirma una cuestión cardinal del proceso penal: la presunción de inocencia no se agota en una fórmula retórica, sino que opera como un estándar concreto de decisión. Si la acusación no logra desvirtuarla con prueba concluyente, la consecuencia debe ser la absolución. El principio in dubio pro reo no es un refugio argumental de última instancia ni una salida de compromiso; es una regla estructural del sistema penal, destinada a impedir condenas basadas en sospechas insuficientes o en inferencias no consolidadas por la prueba.

En Estudio VBA entendemos que en causas por fraude a la administración pública y otros delitos vinculados con la función estatal, la defensa penal exige una combinación especialmente rigurosa de análisis documental, comprensión del funcionamiento administrativo, lectura crítica de la prueba pericial y control estricto del estándar de imputación penal. No toda irregularidad administrativa, desorden de gestión o cuestionamiento político constituye un delito, y no toda percepción de fondos públicos en un contexto controvertido habilita por sí sola una condena. La tarea de la defensa consiste, precisamente, en restituir esas distinciones esenciales allí donde la acusación pretende disolverlas.

Nuestra intervención en este expediente respondió a esa lógica. Desde el comienzo sostuvimos que la acusación carecía de la solidez necesaria para sostener una condena y que la prueba producida no permitiría acreditar, con certeza, la participación delictiva de nuestros asistidos. La sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Colegiado de Rawson confirmó la corrección de ese enfoque y reconoció que no era posible castigar penalmente en ausencia de una demostración contundente de culpabilidad.

En definitiva, este fallo constituye un antecedente de enorme relevancia en materia de delitos contra la administración pública, absolución penal por insuficiencia probatoria y aplicación del principio de duda razonable. Reafirma que el proceso penal no puede ser utilizado para transformar sospechas administrativas o debates políticos en condenas judiciales sin prueba suficiente, y confirma que la responsabilidad penal solo puede afirmarse cuando la acusación supera con éxito el más alto estándar de demostración exigible.

En Estudio VBA mantenemos un compromiso permanente con una defensa penal estratégica, profunda y técnicamente rigurosa, especialmente en causas de alta complejidad institucional y económica. La absolución de nuestros asistidos en este expediente refleja esa forma de trabajo: estudio exhaustivo del caso, construcción de una teoría de defensa sólida, análisis crítico de la prueba y actuación firme en resguardo del principio de inocencia y del debido proceso.