Nos mantenemos actualizados compartiendo novedades sobre casos reales de nuestro estudio y jurisprudencia relevante. Nuestra dedicación a seguir de cerca los avances legales y las decisiones judiciales nos permite ofrecer a nuestros clientes una visión informada y estratégica en sus asuntos legales.
El Tribunal Colegiado de Rawson absolvió a nuestros asistidos en la causa “Cecilia Torres Otarola y otros p.s.a. fraude a la administración pública”, al concluir que la Fiscalía no logró demostrar con certeza la inexistencia de contraprestación funcional ni la integración de los imputados a un esquema fraudulento. La sentencia aplicó el principio de la duda razonable y reafirmó la vigencia de la presunción de inocencia en procesos penales vinculados con la administración pública.
La causa “Ñoquis Calientes” plantea debates relevantes en materia de delitos contra la administración pública, responsabilidad penal funcional, manejo de fondos estatales y límites de la imputación penal en estructuras complejas de gestión pública. En Estudio VBA asumimos la defensa técnica del caso con un enfoque centrado en el debido proceso, la legalidad y el análisis riguroso de la prueba.
La querella intervino en un caso atravesado por fuertes asimetrías de poder, represalias laborales y obstáculos institucionales, en el que la denunciante debió sostener su reclamo penal frente a un imputado con influencia funcional y política. El expediente plantea cuestiones relevantes en materia de violencia de género, abuso de poder, hostigamiento institucional y tutela judicial efectiva de las víctimas.
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En una causa seguida por el delito previsto en el artículo 292 del Código Penal, obtuvimos la suspensión del juicio a prueba en favor de nuestro asistido, quien no registraba antecedentes penales y manifestó su disposición a cumplir reglas de conducta, tareas comunitarias y medidas de reparación. La estrategia defensiva incluyó una propuesta concreta de probation con trabajo comunitario en Cáritas y una reparación económica canalizada institucionalmente, permitiendo una solución procesal proporcional, viable y jurídicamente sólida.
La Sala I de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y dejó firme la nulidad de una intervención realizada en un establecimiento comercial, así como de todos los actos derivados de ella. La decisión reafirma la centralidad del debido proceso, el control de legalidad de las inspecciones y el carácter excepcional de las vías recursivas extraordinarias.
En una causa iniciada a partir de una denuncia por presunta negligencia médica tras el fallecimiento de Ricardo Gerardo Ibáñez, el tribunal concluyó que no existía base suficiente para mantener la acusación penal contra médicos del Sanatorio Güemes. La resolución, sustentada en el control de legalidad y razonabilidad del dictamen fiscal, valoró la documentación clínica, los peritajes médicos y la ausencia de elementos que permitieran afirmar un apartamiento penalmente relevante de la lex artis.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso de casación interpuesto por el fiscal de cámara y confirmó el sobreseimiento de Agustina Trincheri en una causa por tenencia simple de estupefacientes. La resolución ponderó el contexto de uso medicinal del cannabis, la ausencia de afectación relevante a la salud pública y la aplicación de los principios de lesividad y mínima intervención.
En el incidente de apelación seguido en la causa “Zeballos, Cintia Fabiana y otros s/ suministro infiel o irregular de medicamentos”, el tribunal revocó la resolución que había rechazado el planteo de nulidad formulado por esta defensa y declaró inválido el ingreso al domicilio de nuestro asistido, el secuestro de los elementos hallados y todo lo actuado en consecuencia. La decisión se apoyó en la ausencia de orden judicial suficiente, en la invalidez del consentimiento invocado y en la falta de justificación para apartarse del régimen constitucional de protección domiciliaria.
El reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Argentina, respecto a M.E.C., destaca un complejo entramado jurídico sobre la prescripción de delitos sexuales.
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca declaró la inconstitucionalidad de ordenanzas municipales de Santa Rosa cuestionadas por Embotelladora del Atlántico S.A., al considerar que la tasa por inspección sanitaria aplicada sobre alimentos que ingresaban a la ciudad contravenía los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Constitución Nacional. El caso resulta relevante por sus implicancias sobre la libre circulación de mercaderías, los límites del poder regulatorio municipal y la supremacía del orden federal.
