Nulidad procesal, debido proceso y rechazo del recurso de inconstitucionalidad en una causa penal de CABA

En Vázquez Barba Abogados entendemos que la defensa penal de alta complejidad exige no solo discutir el fondo de la imputación, sino también controlar con el mayor rigor la legalidad de cada acto de investigación, la regularidad del procedimiento y el respeto por las garantías constitucionales que limitan la actuación estatal. Esa tarea resulta particularmente decisiva en expedientes donde la persecución penal se apoya en inspecciones, ingresos, secuestros o actuaciones administrativas que luego pretenden ser utilizadas como base probatoria dentro del proceso. En ese marco, obtuvimos una resolución de especial relevancia en la causa “Funes Vera, Jhonny Richard y otros s/ suministro infiel o irregular de medicamentos”, en la que la Sala I de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó firme la nulidad de un procedimiento central para la acusación, reafirmando la primacía del debido proceso y de las garantías constitucionales aplicables a las inspecciones y actuaciones sobre establecimientos comerciales.

Se trata de una decisión de singular importancia no solo por el resultado concreto obtenido para nuestros asistidos, sino también porque consolida un criterio de fuerte valor institucional: la legalidad del método de investigación no es un aspecto accesorio del proceso penal, sino una condición de validez de todo lo actuado. Cuando la actuación estatal se aparta de los presupuestos constitucionales y procesales que la habilitan, la consecuencia no puede ser relativizada por razones de conveniencia investigativa ni por el interés que pueda suscitar el objeto del procedimiento. La eficacia persecutoria no legitima la irregularidad del medio.

La defensa impulsada por nuestro estudio se centró desde el inicio en cuestionar la validez de la intervención realizada en un establecimiento comercial vinculado a la investigación. El punto no residía únicamente en discutir el alcance de la imputación o la naturaleza de los productos involucrados, sino en determinar si el procedimiento que dio origen a la obtención de evidencia relevante se había llevado a cabo con respeto efectivo por las exigencias constitucionales y legales que rigen este tipo de medidas. A partir de ese enfoque, sostuvimos que las irregularidades producidas durante la intervención no constituían defectos secundarios ni subsanables, sino vicios graves que contaminaban la validez de todo lo actuado con posterioridad.

En primera instancia, esos planteos de nulidad fueron rechazados. Sin embargo, la defensa interpuso el correspondiente recurso y logró que la Cámara de Casación y Apelaciones revocara aquella decisión, declarando la nulidad de la intervención cuestionada y de todos los actos derivados de ella. Esa resolución ya representaba, por sí sola, un pronunciamiento de gran importancia en materia de control judicial de la actividad investigativa. Pero la trascendencia institucional del caso se profundizó aún más cuando, frente a esa decisión, el Ministerio Público Fiscal intentó revertirla mediante un recurso de inconstitucionalidad.

La fiscalía sostuvo, en esencia, que la resolución de la Cámara afectaba de manera indebida el desarrollo del proceso penal y que el fiscal de grado se encontraba facultado para ordenar la inspección practicada, sin que esta pudiera considerarse viciada. Desde esa perspectiva, el recurso buscaba reabrir la discusión sobre la validez del procedimiento y cuestionar la decisión que había reconocido la nulidad. Sin embargo, el planteo fue sometido al correspondiente examen de admisibilidad y no logró superar ese primer umbral.

La Sala I, al analizar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Ministerio Público Fiscal, concluyó que el planteo no reunía los requisitos necesarios para su procedencia. En particular, entendió que no se había acreditado un gravamen irreparable ni se habían satisfecho las exigencias que habilitan la apertura de esa vía extraordinaria. En consecuencia, el recurso fue declarado inadmisible, lo que tuvo como efecto práctico dejar firme la nulidad previamente declarada y consolidar la victoria obtenida por la defensa.

Este punto es especialmente relevante desde una perspectiva técnico-procesal. La inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad no constituye una mera cuestión formal desvinculada del fondo, sino una manifestación concreta del carácter excepcional de las vías impugnativas extraordinarias. No toda discrepancia del acusador con una decisión de Cámara habilita, por sí sola, la apertura de una instancia extraordinaria. Para ello es indispensable demostrar los presupuestos específicos que justifican ese remedio, entre ellos la existencia de una cuestión constitucional suficiente y de un agravio que no pueda ser reparado ulteriormente. Cuando esos extremos no se configuran, el sistema procesal impone la clausura del recurso, en resguardo de la estructura recursiva y de la seguridad jurídica.

La importancia del caso trasciende el interés particular de las partes porque reafirma un conjunto de principios esenciales para el derecho procesal penal. En primer lugar, confirma que la validez de las inspecciones y procedimientos estatales no puede analizarse con criterios laxos cuando de ellos depende la incorporación de prueba relevante al expediente. En segundo término, refuerza la idea de que las nulidades procesales cumplen una función institucional indispensable: no son meros obstáculos técnicos ni formalismos vacíos, sino instrumentos destinados a preservar la regularidad del proceso, el control judicial de la actividad estatal y la tutela efectiva de los derechos fundamentales de los imputados.

En tercer lugar, el fallo pone de relieve que el sistema recursivo no puede ser utilizado de manera expansiva para prolongar indefinidamente la discusión cuando no concurren los presupuestos legales de procedencia. La defensa penal seria no solo debe identificar y cuestionar los actos inválidos, sino también sostener con firmeza la validez de las resoluciones que restablecen la legalidad del procedimiento cuando esas decisiones son posteriormente atacadas por vías improcedentes. En este caso, la inadmisibilidad del recurso fiscal consolidó precisamente esa lógica de control y cierre institucional.

Desde una mirada más amplia, el caso también reviste interés para el análisis de las relaciones entre actuaciones administrativas o inspecciones comerciales y su posterior utilización dentro del proceso penal. En la práctica, no son infrecuentes los supuestos en los que intervenciones presentadas como inspecciones, verificaciones o controles sobre establecimientos terminan cumpliendo funciones materialmente equivalentes a medidas de investigación penal. En ese terreno, la defensa debe ser particularmente cuidadosa: cuando la actuación estatal produce injerencias relevantes sobre derechos individuales y genera evidencia con impacto directo en una causa penal, no puede prescindirse del control estricto de constitucionalidad y legalidad que corresponde a toda actividad persecutoria.

La decisión obtenida reafirma, en ese sentido, que las autoridades estatales no pueden eludir las garantías del proceso penal bajo el ropaje de procedimientos formalmente distintos pero sustancialmente orientados a la obtención de prueba incriminante. Allí reside uno de los mayores valores institucionales del caso: recordar que el respeto por el debido proceso no se mide por la denominación del acto, sino por su naturaleza, sus efectos y el grado de afectación que proyecta sobre los derechos de las personas sometidas a investigación.

En Vázquez Barba Abogados trabajamos este tipo de expedientes con una metodología centrada en el análisis minucioso de cada acto procesal, el examen riguroso del sustento legal de las medidas de investigación y la defensa sostenida de las garantías constitucionales. Nuestra intervención en esta causa demuestra la importancia de una litigación técnica y estratégica, capaz no solo de detectar nulidades, sino también de sostenerlas con solidez a lo largo de todas las instancias, incluso frente a intentos de revisión extraordinaria por parte de la acusación.

La decisión de la Sala I de la Cámara de Casación y Apelaciones constituye, así, un precedente relevante en materia de nulidades procesales, debido proceso, control de legalidad de inspecciones y admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad en el ámbito penal de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá del caso concreto, reafirma que la justicia penal no puede construirse sobre procedimientos irregulares ni sobre la flexibilización de garantías en función de la conveniencia acusatoria. Allí donde la legalidad ha sido comprometida, el proceso debe ser corregido, y las instancias superiores tienen el deber de restablecer el marco constitucional correspondiente.

En definitiva, esta resolución favorable no solo protegió de manera concreta los derechos de nuestros asistidos, sino que además consolidó un estándar jurídico de enorme relevancia: las actuaciones estatales que vulneran garantías básicas no pueden ser validadas por la sola importancia del objeto investigado, y las decisiones judiciales que reconocen esa invalidez deben ser respetadas cuando no existe base suficiente para su revisión extraordinaria. En Vázquez Barba Abogados mantenemos un compromiso permanente con esa forma de ejercer la defensa penal: rigurosa, estratégica, técnicamente fundada y orientada a preservar la legalidad del proceso como condición indispensable de una justicia auténtica.