Queja, prisión preventiva y acceso a la revisión judicial en un fallo relevante de la Sala IV

En el proceso penal, pocas cuestiones exhiben con tanta claridad la tensión entre coerción estatal y garantías constitucionales como las decisiones que restringen la libertad ambulatoria durante el trámite de una causa. En ese terreno, la discusión no se agota en la procedencia material de la prisión preventiva: también resulta decisivo asegurar que toda decisión de semejante intensidad pueda ser sometida a un control jurisdiccional real, eficaz y oportuno. Precisamente por eso adquiere especial relevancia el reciente pronunciamiento dictado el 12 de diciembre de 2025 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, al resolver un planteo de queja deducido por la defensa frente al rechazo del recurso de apelación interpuesto contra una resolución que había dispuesto la prisión preventiva.

El interés del fallo no radica en su extensión ni en una elaboración teórica particularmente novedosa, sino en la garantía concreta que activa y reafirma: cuando una decisión que restringe la libertad queda, en principio, sustraída al control de la alzada por la denegatoria formal de un recurso, la queja opera como remedio indispensable para restablecer el acceso a la revisión judicial. En otras palabras, el pronunciamiento recuerda que el régimen de impugnaciones en materia cautelar no puede convertirse en un entramado formalista que bloquee el examen de medidas gravemente restrictivas de derechos. Si la prisión preventiva exige motivación reforzada, legalidad estricta y proporcionalidad, también exige —como parte de esa misma arquitectura de garantías— una posibilidad efectiva de revisión por un tribunal superior.

Desde una perspectiva sistemática, la cuestión excede claramente el caso concreto. Lo que la Cámara coloca en primer plano es la función institucional del sistema recursivo cuando está en juego la coerción personal. En este ámbito, la revisión judicial no puede ser entendida como una segunda opinión optativa ni como una mera cortesía procesal. Constituye una pieza estructural del debido proceso, porque la privación de libertad cautelar solo se mantiene dentro de parámetros constitucionales si puede ser sometida a control por un órgano superior. Allí radica la importancia de la queja: su función no es ornamental ni excepcional en sentido débil, sino correctiva. Aparece precisamente para impedir que una decisión severa quede estabilizada por una barrera formal de acceso al recurso.

El razonamiento del tribunal parte de una premisa clara: la cautela personal prevista en el artículo 312 del CPPN es recurrible, y el ordenamiento contempla la discusión de las restricciones a la libertad “por una doble vía”. Esta formulación, en apariencia simple, tiene una densidad conceptual importante. Lo que la Cámara está afirmando es que la posibilidad de revisión no puede quedar subordinada a distinciones puramente nominales, ni a la forma en que se formule la pretensión recursiva, ni a si el planteo se presenta en términos “positivos” o “negativos” respecto de la cautelar. Desde la perspectiva del derecho afectado —la libertad— lo sustancial no cambia: se trata siempre de una decisión que incide de modo directo e intenso sobre una garantía fundamental.

Ese criterio importa una toma de posición contra lecturas excesivamente rígidas del sistema de recursos. La Cámara parece advertir, con razón, que el régimen recursivo no puede transformarse en una trampa procedimental donde la revisión se frustre por calificaciones formales, juegos de nomenclatura o interpretaciones estrechas de la admisibilidad. En materia de coerción personal, el núcleo de la garantía consiste justamente en impedir que una restricción severa de la libertad quede protegida por la inercia procesal, es decir, por la sola imposibilidad de acceder al examen de un tribunal superior. La efectividad del recurso, en este campo, no es una cuestión secundaria: es parte del estándar de constitucionalidad de la propia cautelar.

En esa misma línea, el segundo voto aporta un fundamento clásico pero de especial densidad para habilitar la queja: la existencia de un gravamen irreparable en los términos del artículo 449 del CPPN, siempre que la impugnación haya sido presentada en tiempo y forma. Esta referencia tiene un alcance que no debe minimizarse. El gravamen irreparable no funciona aquí como fórmula rutinaria, sino como reconocimiento explícito de la naturaleza singular del daño cuando lo comprometido es la libertad personal. Aun si el proceso recursivo concluyera más adelante con una decisión favorable, el tiempo de encierro cautelar ya padecido no puede ser plenamente restituido. La experiencia de la privación de libertad tiene una dimensión fáctica, psíquica y jurídica que vuelve insuficiente toda reparación posterior. Por eso, en este ámbito, el requisito de irreparabilidad no puede ser leído de manera estrecha: la pérdida de libertad durante el proceso constituye, por definición, una afectación difícilmente reversible.

Desde una perspectiva institucional, este modo de interpretar el gravamen irreparable expresa una opción jurisdiccional coherente con el principio pro libertate. Cuando está en juego una afectación intensa de derechos, las reglas de admisibilidad deben ser interpretadas del modo más compatible con el acceso a la revisión, salvo que existan impedimentos claros, expresos e inequívocos. Lo contrario implicaría aceptar que una medida de altísimo impacto sobre la libertad pueda quedar inmune al control superior por razones meramente rituales o por una lectura innecesariamente restrictiva del sistema impugnativo. En un Estado de Derecho, esa posibilidad resulta difícilmente conciliable con la función garantista del proceso penal.

Sobre esas bases, la Cámara adopta una solución procesal nítida: hace lugar a la queja y, en consecuencia, concede el recurso de apelación contra la resolución que había dispuesto la prisión preventiva. Este punto también merece una precisión importante. El tribunal no reemplaza el análisis sobre el fondo de la cautelar por el análisis de la queja. No resuelve todavía si la prisión preventiva es o no procedente en el caso concreto. Lo que hace es remover el obstáculo que impedía que esa discusión se desarrollara ante la instancia naturalmente competente. En este sentido, el pronunciamiento reafirma una distinción saludable: la queja no es una vía autónoma para obtener por sí misma la revocación inmediata de la cautelar, sino un instrumento para asegurar que el control recursivo exista efectivamente y no quede neutralizado por una denegatoria formal.

La resolución dispone además la incorporación de las actuaciones al expediente principal para que la cuestión sea tratada conjuntamente con el procesamiento, que también había sido apelado. Esta directiva responde a un criterio de racionalidad procesal atendible. La evaluación de una cautelar personal no se confunde con el examen del procesamiento, pero mantiene con él una relación evidente: ambos reposan, en diversa medida, sobre la valoración de los elementos de cargo, sobre el estándar de sospecha aplicable y sobre la configuración del cuadro fáctico-jurídico del caso. El tratamiento conjunto permite, al menos en parte, evitar respuestas fragmentarias o internamente inconsistentes, y favorece una revisión más integrada de la estructura argumental que sostiene tanto la imputación como la necesidad cautelar del encierro.

Desde el punto de vista práctico, el fallo reafirma una regla que parece elemental, pero que necesita ser reiterada en un contexto de alta litigiosidad cautelar: las decisiones que restringen la libertad deben ser revisables, y el sistema procesal dispone remedios específicos para impedir que esa revisión sea bloqueada por denegatorias que, de otro modo, podrían consolidar restricciones severas sin control de alzada. En esa lógica, la queja cumple una función de garantía institucional: no reemplaza la apelación, pero la restituye cuando ha sido indebidamente cerrada.

La importancia de este pronunciamiento también puede leerse desde una óptica más amplia. En tiempos en que la prisión preventiva sigue ocupando un lugar central en la litigación penal y en que no siempre los estándares de fundamentación cautelar son respetados con igual intensidad, asegurar el acceso al recurso constituye una condición básica para la racionalidad del sistema. Una cautelar grave que no puede ser revisada por un órgano superior deja de ser solo una medida discutible: se convierte en una restricción especialmente vulnerable a la arbitrariedad. Por eso, la decisión de la Sala IV no solo tiene valor para el caso concreto, sino que reafirma una comprensión más saludable del proceso penal como estructura de garantías efectivas y no como simple secuencia formal de actos.

En Estudio VBA entendemos que este tipo de decisiones son especialmente relevantes porque muestran cómo el sistema recursivo puede y debe funcionar como una herramienta real de control frente a decisiones de alta intensidad restrictiva. La defensa penal no solo discute imputaciones o pruebas; también tiene la responsabilidad de impedir que la privación cautelar de libertad se estabilice sin revisión efectiva. Allí donde una denegatoria formal intenta clausurar ese acceso, la queja deja de ser un recurso secundario y pasa a ser una garantía decisiva del debido proceso.

En definitiva, el interés de este fallo reside en haber reafirmado algo tan básico como esencial: cuando la libertad está comprometida, el acceso a la revisión judicial no puede ser ilusorio. La coerción personal debe ser revisable, y el sistema dispone herramientas concretas para asegurar que así sea. En el derecho procesal penal, esa garantía no es un detalle técnico: es una de las formas más visibles en que el Estado de Derecho se prueba a sí mismo frente al ejercicio del poder de encarcelar.