El caso surgió tras la muerte de Ricardo Gerardo Ibáñez, cuya madre, Nélida Navarro, denunció negligencia médica. Según la acusación, los médicos del Sanatorio Güemes, incluyendo a nuestros clientes, no diagnosticaron correctamente a Ibáñez ni realizaron las prácticas necesarias, lo que supuestamente contribuyó a su fallecimiento.

Enfoque de la Defensa

Desde el inicio, nuestra defensa se basó en demostrar que la atención médica brindada fue conforme a los estándares profesionales. Para ello, llevamos a cabo las siguientes acciones:

1. Revisión de Documentación Médica: Analizamos en detalle las historias clínicas y demás documentación relevante de todos los centros de salud involucrados.
2. Peritajes Independientes: Solicitamos peritajes médicos independientes que confirmaron que las acciones de nuestros clientes se ajustaron a la lex artis, o normas de práctica médica aceptadas.
3. Argumentos Jurídicos: Presentamos una defensa fundamentada en la normativa y jurisprudencia vigente, subrayando que la omisión atribuida a nuestros clientes no tenía sustento en los hechos ni en el derecho.

Resultados del Proceso Judicial

El tribunal evaluó el dictamen fiscal y concluyó que no había base suficiente para mantener las acusaciones contra nuestros clientes. El control de legalidad y razonabilidad del dictamen fiscal determinó que la atención médica prestada fue adecuada y que los doctores no podían ser responsabilizados penalmente por el fallecimiento de Ibáñez.

Este fallo subraya la importancia de evaluar las actuaciones médicas dentro del contexto adecuado, reconociendo la complejidad y los desafíos que enfrentan los profesionales de la salud. La decisión del tribunal refuerza la necesidad de una acusación bien fundamentada para proceder en casos penales que involucran a profesionales de la salud.

El sobresimiento de los doctores  marca un precedente importante en la defensa de los derechos de los profesionales médicos. Este caso resalta la importancia de una defensa legal rigurosa y bien fundamentada para asegurar que la justicia se administre de manera justa y equitativa.