Derecho Penal Económico y Defensa Empresarial.

Una defensa que comprende el negocio y la investigación

Desde 1999, el Estudio desarrolla una práctica orientada a la defensa penal y la intervención en litigios de alta complejidad. Nuestra metodología combina el análisis exhaustivo del expediente, la reconstrucción de operaciones económicas y societarias, el examen crítico de la prueba documental, contable y financiera, y el diseño de estrategias procesales adaptadas a las particularidades de cada investigación. La defensa penal económica exige comprender no solo la imputación formulada, sino también la estructura empresarial, el funcionamiento real de las operaciones cuestionadas y las consecuencias patrimoniales, regulatorias y reputacionales que pueden derivarse del procedimiento.

La Dra. Florencia Barba cuenta con formación de posgrado en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, integrada a una práctica profesional orientada a causas complejas. El estudio trabaja asimismo en colaboración con profesionales de otras disciplinas y estudios jurídicos nacionales e internacionales, especialmente cuando las investigaciones involucran estructuras societarias, operaciones financieras, documentación contable, activos virtuales o cuestiones transnacionales. Esta articulación permite abordar conjuntamente los aspectos penales, probatorios y patrimoniales de cada asunto, mediante una intervención técnica, estratégica y reservada.

Este tipo de expedientes suele involucrar una enorme cantidad de documentación, comunicaciones, registros bancarios, balances, libros societarios, reportes regulatorios, documentación fiscal, operaciones con terceros y evidencia digital. Por eso, la defensa penal económica exige construir una teoría del caso que no sea meramente reactiva. Es necesario identificar desde el comienzo cuál es el núcleo real de la imputación, qué hechos concretos se atribuyen, qué prueba pretende sostenerlos, qué vacíos presenta la hipótesis acusatoria y qué actos defensivos pueden modificar tempranamente la dirección de la investigación.

Estafas, defraudaciones y conflictos societarios

Defensa penal en estafas y defraudaciones

Actuamos en investigaciones por estafas y defraudaciones de diversa índole, tanto en conflictos individuales como en maniobras de mayor sofisticación. En muchos de estos expedientes la discusión no gira solo en torno a si existió un incumplimiento o una pérdida económica, sino a si efectivamente hubo engaño penalmente relevante, ardid idóneo, disposición patrimonial perjudicial y dolo bastante para convertir un conflicto negocial o comercial en una imputación criminal. Esa frontera entre incumplimiento civil, conflicto contractual y conducta típicamente penal es uno de los puntos centrales de la defensa. En numerosas causas, una intervención técnicamente bien planteada permite demostrar que el caso ha sido sobredimensionado penalmente o que la controversia pertenece, en realidad, a otro ámbito jurídico. La atribución de responsabilidad penal en operaciones comerciales exige examinar la intervención concreta de cada persona, sin trasladar automáticamente las obligaciones de una sociedad a sus administradores, socios o representantes. Este criterio de análisis puede observarse en uno de nuestros casos de defensa penal por estafa y responsabilidad individual en el ámbito societario, donde la discusión jurídica se centró en la atribución personal de los hechos investigados.

Fraude societario y administración fraudulenta

También asumimos defensas en investigaciones por fraude societario, administración infiel, conflictos entre socios, desvío de activos, maniobras atribuidas a directores o administradores y denuncias vinculadas con el funcionamiento interno de sociedades. Se trata de causas donde es indispensable leer el expediente penal junto con la realidad societaria concreta: estatutos, actas, poderes, decisiones de administración, estructura de control, distribución de funciones y documentación contable. Muchas veces se intenta presentar como delito lo que en verdad constituye una disputa empresarial, una decisión de negocio cuestionada a posteriori o una interna societaria trasladada al fuero penal. La defensa en estos escenarios exige separar con claridad lo irregular de lo delictivo, y lo controvertido de lo típicamente punible. La existencia de desacuerdos entre socios, cuestionamientos a decisiones de administración o controversias sobre el manejo del patrimonio empresarial no determina, por sí sola, responsabilidad penal. La defensa exige distinguir los incumplimientos societarios de las conductas que efectivamente reúnen los elementos de un delito. Esta problemática también se desarrolla en nuestro análisis sobre conflictos entre socios, fraude societario y responsabilidad penal.

Criptoactivos, operaciones financieras y lavado

Criptoactivos, operaciones financieras y responsabilidad penal

Una parte cada vez más relevante de nuestra práctica está vinculada con investigaciones por criptoactivos y activos virtuales. Intervenimos en casos donde aparecen denunciadas operaciones con criptomonedas, exchanges, billeteras digitales, intermediación, trazabilidad de fondos, promesas de inversión, presuntas maniobras de fraude, apropiación de activos, movimientos internacionales o cuestionamientos respecto de la licitud del origen o destino de los fondos. En este terreno, la defensa no puede construirse desde categorías simplificadas. Es necesario comprender la lógica técnica de las operaciones, la relación entre wallets, plataformas, registros, custodias, claves, conversiones, reportes y flujos transaccionales. La sola existencia de una operación con activos virtuales no equivale a una conducta delictiva, ni la dificultad de rastreo autoriza a presumir responsabilidad penal sin una demostración seria, individualizada y técnicamente consistente. Cuando la investigación involucra accesos a billeteras digitales, registros informáticos, secuestro de dispositivos o pericias tecnológicas, nuestra práctica de Defensa Penal en Ciberdelitos y Evidencia Digital permite abordar específicamente la obtención, preservación y valoración de esa prueba.

Lavado de activos e investigaciones patrimoniales

Actuamos igualmente en investigaciones por lavado de activos y maniobras vinculadas con el origen, circulación o integración de fondos presuntamente ilícitos. Son expedientes especialmente sensibles, tanto por su complejidad como por la intensidad de las medidas cautelares que suelen acompañarlos: congelamientos, inhibiciones, secuestros, embargos, requerimientos bancarios, reportes de operaciones, análisis financieros y reconstrucciones patrimoniales. La defensa en este tipo de casos exige revisar con extremo rigor la base fáctica de la imputación, el nexo entre el activo y el supuesto delito precedente, la trazabilidad de las operaciones y la individualización de la conducta atribuida a cada interviniente. No basta con alegar opacidad, volumen de movimientos o irregularidades formales para sostener una acusación de lavado; la atribución penal debe estar apoyada en hechos, prueba y razonamientos verificables.

Compliance, delitos fiscales, aduaneros y propiedad industrial

Compliance penal y responsabilidad empresarial

Nuestra práctica en derecho penal económico comprende además asesoramiento e intervención en materia de compliance penal. Asistimos a empresas, directivos y responsables internos en el análisis de riesgos penales, investigaciones internas, conflictos derivados de programas de integridad, incumplimientos normativos, fallas de control y contingencias que puedan proyectarse en denuncias o investigaciones formales. En muchos casos, una defensa eficaz comienza antes de que la situación escale penalmente. Una evaluación temprana, una revisión interna ordenada y una estrategia jurídica adecuada pueden ser decisivas para contener el riesgo, preservar evidencia útil y evitar errores que luego debiliten la posición defensiva.

Defensa penal tributaria y delitos fiscales

Intervenimos asimismo en delitos tributarios y en investigaciones donde se discuten maniobras vinculadas con evasión, aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, facturación apócrifa, omisiones relevantes, registraciones cuestionadas o imputaciones construidas a partir de fiscalizaciones complejas. Este tipo de procesos requiere una lectura coordinada entre el expediente penal y el contexto fiscal, contable y administrativo. La defensa debe analizar no solo la imputación en abstracto, sino la base documental de los ajustes, la interpretación normativa aplicada, la intervención de asesores, la estructura operativa del contribuyente y la existencia o no de dolo penalmente relevante. No todo incumplimiento tributario constituye delito, y esa distinción es esencial para evitar imputaciones expansivas o automáticas.

Defensa penal aduanera y comercio exterior

También actuamos en causas por delitos aduaneros, contrabando, subfacturación, sobrefacturación, desvíos operativos, irregularidades en importaciones o exportaciones y otros conflictos vinculados con operatorias de comercio exterior. En estos casos, la defensa debe comprender tanto la operatoria real como la construcción administrativa y penal del hecho. Resulta indispensable examinar documentación aduanera, despachos, facturas, circuitos logísticos, intervención de despachantes, importadores, exportadores y terceros operadores, para determinar si existe realmente una conducta dolosa o si la imputación reposa en errores, inconsistencias documentales o reconstrucciones forzadas.

Delitos contra la propiedad industrial y conflictos comerciales

Dentro del derecho penal económico, también asumimos causas relacionadas con marcas y patentes cuando el conflicto adquiere dimensión penal. Intervenimos en situaciones donde se investigan supuestas falsificaciones, uso indebido de signos distintivos, comercialización de productos cuestionados o afectaciones a derechos de propiedad industrial. En este terreno, la defensa requiere analizar con precisión el bien jurídico comprometido, la operatoria comercial concreta, la intervención real del imputado, la trazabilidad de la mercadería y el alcance de los derechos invocados por la parte denunciante. Muchas veces, detrás de una imputación penal aparecen también conflictos comerciales y competitivos que deben ser leídos con cuidado para evitar una criminalización excesiva de una controversia mercantil.

Defensa penal económica y protección integral

Una de las características centrales de las causas de derecho penal económico es que rara vez se agotan en el expediente penal. Por el contrario, suelen proyectarse sobre otros planos: inspecciones, procesos administrativos, conflictos societarios, reclamos civiles, impacto bancario, dificultades operativas, bloqueo reputacional y riesgo para la continuidad del negocio. Por eso, nuestra intervención está pensada de manera estratégica e integral. No analizamos el expediente como una pieza aislada, sino como parte de un problema jurídico mayor que puede requerir decisiones coordinadas en distintas áreas para proteger de manera real al cliente. Allí, la posibilidad de trabajar articuladamente con otros estudios y equipos profesionales adquiere especial relevancia, ya que muchos de estos asuntos exigen respuestas simultáneas en más de un frente.

La defensa penal económica eficaz exige además manejar con inteligencia el ritmo de la causa. Hay momentos en los que conviene actuar inmediatamente para cuestionar medidas, ordenar documentación, fijar posición o impedir que una hipótesis inicial se consolide sin control. En otros casos, la clave está en desarrollar un trabajo técnico de fondo sobre la prueba contable, societaria, bancaria o digital. Y en ciertos expedientes, el eje pasa por resistir interpretaciones expansivas del tipo penal, demostrar la inexistencia de engaño, el carácter lícito de la operación, la ausencia de dolo o la falta de intervención personal relevante del cliente en el hecho atribuido.

En Estudio VBA trabajamos estas causas con un criterio de máxima seriedad, reserva y profundidad técnica. Sabemos que una investigación por derecho penal económico puede comprometer no solo la libertad, sino también el patrimonio, la actividad empresarial, la posición societaria, las relaciones comerciales y la reputación profesional. Por eso, nuestra tarea se orienta a construir defensas sólidas, con comprensión real del caso, capacidad de análisis documental y visión estratégica de las consecuencias que cada decisión procesal puede generar.