De una denuncia por fraude financiero a una condena por asociación ilícita: el caso Inmarket FX y la administración fraudulenta de inversiones

El Tribunal en lo Criminal n.º 4 de Mercedes condenó a cuatro años de prisión a uno de los responsables de Inmarket FX, en el marco de una investigación por asociación ilícita y veinte hechos de defraudación por administración fraudulenta. El proceso tuvo su origen en una denuncia penal formulada con el patrocinio de la Dra. Florencia Ana Aída Barba, de Vázquez Barba Abogados, en representación de un inversor perjudicado por una operatoria financiera que involucró plataformas de trading, captación de capitales y conversión de fondos a una criptomoneda denominada IMCOIN.

I. Introducción: la intervención del derecho penal frente a las estructuras de inversión fraudulentas

La creciente sofisticación de los mecanismos de intermediación financiera y la expansión de plataformas digitales destinadas a la administración de inversiones han planteado desafíos particularmente complejos para el derecho penal económico. La utilización de herramientas tecnológicas, operaciones en mercados internacionales, activos virtuales y estructuras societarias constituidas en distintas jurisdicciones puede responder al desarrollo legítimo de actividades comerciales. Sin embargo, esos mismos instrumentos pueden ser utilizados para organizar mecanismos de captación de capitales que, bajo una apariencia de legalidad, encubren conductas defraudatorias de considerable magnitud.

La distinción entre un resultado adverso propio del riesgo de mercado y una conducta penalmente relevante no puede fundarse exclusivamente en la existencia de pérdidas patrimoniales. Requiere examinar la naturaleza de las obligaciones asumidas, las facultades conferidas a quienes administraban los fondos, la información proporcionada a los inversores y, especialmente, la existencia de actos de disposición patrimonial contrarios a los intereses confiados.

Estas cuestiones adquirieron particular relevancia en la investigación vinculada con las empresas Integrated Markets Ltd., Inmarket FX y Trading Arg., que culminó, respecto de uno de los acusados, con la sentencia condenatoria dictada el 6 de octubre de 2026 por el Tribunal en lo Criminal n.º 4 del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires.

La resolución impuso a Luciano Daniel Ricardo Marotta la pena de cuatro años de prisión por considerarlo coautor funcional de los delitos de asociación ilícita en concurso real con defraudación por administración fraudulenta, reiterada en veinte hechos que concurren materialmente entre sí.

El pronunciamiento reviste especial interés porque permite examinar cómo una denuncia individual por la pérdida de capitales administrados por terceros dio lugar a una investigación de alcance considerablemente mayor, en la que se identificaron múltiples damnificados y una estructura de negocios con proyección internacional.

En este proceso, Vázquez Barba Abogados intervino desde la formulación de la denuncia inicial, mediante el patrocinio letrado ejercido por la Dra. Florencia Ana Aída Barba, en representación de uno de los inversores afectados.

II. El origen de la investigación: una denuncia por la pérdida de USD 94.000

El caso tuvo su punto de partida en la presentación efectuada por un inversor que, a partir de 2016, había comenzado a vincularse con las actividades ofrecidas por Trading Arg., una empresa dedicada a la capacitación en operaciones financieras, particularmente en el mercado internacional de divisas conocido como Foreign Exchange Market o FOREX.

Según la denuncia formulada con el patrocinio del Estudio, el denunciante había ingresado inicialmente como alumno de la academia, atraído por la posibilidad de adquirir conocimientos técnicos para operar en mercados financieros. Posteriormente, y a partir de las relaciones comerciales establecidas con quienes administraban las empresas, comenzó a entregar fondos para que fueran invertidos y gestionados por terceros.

La operatoria presentaba características que podían generar una razonable apariencia de confianza. Existían oficinas comerciales, personal dedicado a la atención de inversores, plataformas electrónicas que permitían consultar los saldos y movimientos de las cuentas y mecanismos mediante los cuales los clientes habían conseguido, en determinados períodos, retirar capital o utilidades.

Esta continuidad operativa tenía una incidencia relevante en la percepción de seguridad del inversor. La posibilidad de acceder a información aparentemente actualizada, la existencia de comunicaciones frecuentes y el cumplimiento inicial de ciertas obligaciones contribuían a consolidar la confianza depositada en los administradores.

Sin embargo, conforme se describió en la presentación originaria, durante abril de 2019 se produjo una alteración sustancial de las condiciones bajo las cuales se habían confiado los fondos. Los inversores recibieron comunicaciones relativas a una modificación de los términos contractuales, acompañadas de un mecanismo de aceptación tácita mediante el cual la ausencia de objeciones dentro de un breve plazo era interpretada como conformidad.

A partir de ese momento comenzaron a presentarse dificultades para retirar capital, acceder a información sobre las inversiones y obtener respuestas satisfactorias acerca del destino de los fondos.

El perjuicio denunciado por el cliente patrocinado ascendía a USD 94.000, suma que, según su presentación, comprendía el capital y los ahorros comprometidos en la operatoria.

La denuncia no se limitó a describir un incumplimiento contractual. Desarrolló una hipótesis penal fundada en la posible utilización abusiva de facultades de administración, la disposición de recursos ajenos sin autorización suficiente y la consiguiente afectación de intereses patrimoniales confiados a terceros.

Esta delimitación inicial constituyó uno de los aspectos jurídicamente relevantes de la intervención profesional: identificar los elementos que podían diferenciar un conflicto comercial ordinario de una conducta susceptible de investigación penal.

III. La transformación de las inversiones en una criptomoneda propia

Uno de los elementos centrales de la maniobra investigada fue la conversión de los fondos de los inversores a una criptomoneda denominada IMCOIN, vinculada con la propia estructura empresarial.

De acuerdo con los hechos reconstruidos en la sentencia, las personas que habían entregado dinero para su administración en operaciones financieras se encontraron posteriormente con la imposibilidad de disponer libremente de sus capitales y con propuestas de sustitución de sus posiciones por activos digitales cuya posibilidad efectiva de comercialización resultaba cuestionada.

El problema jurídico no consistía en el carácter virtual del instrumento utilizado. La creación o utilización de criptomonedas no configura por sí misma una conducta delictiva. Lo relevante era determinar si los administradores habían dispuesto del patrimonio confiado mediante operaciones que excedían las autorizaciones recibidas, contrariaban los intereses de sus titulares o formaban parte de un mecanismo destinado a producir un perjuicio patrimonial.

La investigación también permitió examinar la utilización de plataformas electrónicas, comunicaciones comerciales y mecanismos de actualización de saldos que influían sobre la información disponible para los inversores. La controversia exigía establecer si los resultados exhibidos correspondían a operaciones efectivamente realizadas, qué posibilidades reales de retiro existían y cuál había sido el destino de los fondos entregados.

Desde el punto de vista del derecho penal económico, este tipo de estructuras plantea un problema particularmente complejo: la apariencia de funcionamiento financiero puede mantenerse durante períodos prolongados, mientras que la verdadera situación patrimonial permanece fuera del conocimiento y control de quienes aportaron el capital.

La utilización sucesiva de diferentes plataformas, la migración de posiciones y las promesas de recupero también pueden dificultar la identificación del momento en que se produjo la disposición patrimonial perjudicial.

Por esa razón, la investigación debe reconstruir no solamente el incumplimiento final, sino la totalidad de las relaciones jurídicas y operaciones que condujeron a él.

IV. La expansión de la investigación y la identificación de múltiples damnificados

La relevancia de la denuncia inicial quedó expresamente reflejada en la sentencia. Al abordar la prueba correspondiente a la participación del acusado, el tribunal identificó el comienzo de la investigación en la presentación formulada por el inversor patrocinado por la Dra. Florencia Ana Aída Barba.

A partir de esa intervención se desarrolló una investigación que permitió incorporar nuevas declaraciones testimoniales, informes bancarios, antecedentes societarios, registros electrónicos, documentación contractual, actuaciones de organismos públicos y elementos obtenidos mediante medidas de investigación.

La sentencia reconstruyó hechos correspondientes a veinte damnificados, cuyas inversiones habían sido realizadas en diferentes períodos y mediante distintos mecanismos de captación. Algunos habían entregado dinero en efectivo en oficinas comerciales ubicadas en la provincia de Buenos Aires; otros habían efectuado transferencias bancarias, incluso a cuentas radicadas en el exterior.

La dimensión internacional de la operatoria constituyó una característica relevante del expediente. Entre los perjudicados figuraban inversores vinculados con España, y la documentación examinada incluía operaciones y relaciones comerciales desarrolladas mediante sociedades o intermediarios ubicados en diferentes jurisdicciones.

Esta dispersión geográfica generaba dificultades particulares para la investigación penal, tanto desde el punto de vista de la obtención de información como de la reconstrucción de las responsabilidades personales dentro de la estructura empresarial.

La prueba reunida permitió examinar la intervención de distintas personas en funciones de dirección, administración, captación de clientes y recepción de fondos.

La existencia de múltiples damnificados no representa, por sí sola, prueba suficiente de una asociación ilícita. Sin embargo, la reiteración de determinadas modalidades operativas, la permanencia de una organización y la distribución de funciones pueden constituir elementos relevantes para determinar si los hechos responden a actuaciones aisladas o a una estructura organizada.

En este caso, el tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado en los términos de la calificación acordada para el procedimiento abreviado.

V. La relevancia de la documentación financiera y de la intervención de la Comisión Nacional de Valores

Uno de los aspectos probatorios de mayor interés fue la documentación relativa a las actividades comerciales desarrolladas por las empresas investigadas y a las condiciones bajo las cuales ofrecían inversiones al público.

La investigación incorporó actuaciones de la Comisión Nacional de Valores que habían cuestionado la realización de ofrecimientos públicos de negociación sin contar con la autorización correspondiente.

En particular, la resolución administrativa citada en la sentencia había intimado a determinadas sociedades y personas vinculadas con la actividad a cesar el ofrecimiento público de operaciones con valores negociables en el territorio argentino, además de disponer medidas de advertencia al público inversor.

Es importante distinguir los efectos jurídicos de esta intervención administrativa. La falta de autorización para desarrollar determinada actividad financiera no demuestra automáticamente la comisión de una defraudación penal. Sin embargo, puede constituir un elemento de contexto relevante cuando se examinan las condiciones bajo las cuales se captaron fondos, las representaciones efectuadas a los inversores y las obligaciones asumidas por quienes intervenían en la operatoria.

La investigación penal económica requiere precisamente esa integración entre fuentes de información heterogéneas. Contratos, comprobantes de transferencias, comunicaciones electrónicas, registros societarios e informes regulatorios adquieren especial importancia cuando su examen conjunto permite reconstruir relaciones patrimoniales y determinar el alcance de las facultades conferidas a quienes manejaban recursos ajenos.

En la denuncia inicial se habían identificado, entre otros elementos, contratos comerciales, historiales de operaciones, comunicaciones sobre modificaciones de condiciones contractuales, constancias de inversiones, reclamos y antecedentes regulatorios.

La incorporación posterior de numerosas pruebas permitió ampliar sustancialmente el conocimiento de los hechos y examinar su dimensión colectiva.

VI. La administración fraudulenta y la infracción de los deberes de fidelidad patrimonial

Desde la perspectiva dogmática, el delito de administración fraudulenta previsto en el artículo 173, inciso 7.º, del Código Penal exige analizar la existencia de una relación jurídica que coloque determinados intereses pecuniarios bajo el cuidado, manejo o administración de una persona, así como la infracción dolosa de los deberes derivados de esa posición.

La relevancia penal no surge de toda decisión administrativa desacertada ni de cualquier operación que concluya con una pérdida económica. Es necesario examinar si el sujeto activo, en ejercicio de las facultades conferidas, actuó de manera contraria a los intereses confiados y con la finalidad típica exigida por la norma, produciendo el perjuicio patrimonial correspondiente.

En estructuras de inversión colectiva, esta evaluación puede resultar especialmente compleja porque los administradores suelen disponer de amplios márgenes de autonomía para ejecutar operaciones en mercados que presentan riesgos inherentes.

La existencia de facultades discrecionales no elimina, sin embargo, los deberes jurídicos que rigen la administración del patrimonio ajeno. La confianza depositada por el inversor constituye precisamente el presupuesto de una relación cuya infracción dolosa puede adquirir relevancia penal.

En el caso Inmarket FX, la controversia giró en torno a la utilización de los capitales entregados, la transformación de las posiciones de los clientes, la imposibilidad de retirar fondos y las consecuencias patrimoniales de la operatoria.

La sentencia consideró acreditada la intervención del condenado en una estructura que, mediante la administración de inversiones y la disposición de recursos confiados, produjo perjuicios a distintos damnificados.

A su vez, la calificación de asociación ilícita incorporó un reproche autónomo relacionado con la existencia de una organización de personas dotada de cierta estabilidad y orientada a la comisión de delitos.

La concurrencia de ambas figuras demuestra la necesidad de distinguir entre el perjuicio patrimonial individual y la estructura organizativa que habría permitido la ejecución reiterada de las maniobras.

VII. La sentencia condenatoria y el alcance del juicio abreviado

El 6 de octubre de 2026, el Tribunal en lo Criminal n.º 4 de Mercedes dictó sentencia condenatoria mediante el procedimiento de juicio abreviado regulado por los artículos 395 y siguientes del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

La resolución impuso a Luciano Daniel Ricardo Marotta la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor funcional de asociación ilícita en concurso real con veinte hechos de defraudación por administración fraudulenta.

La aplicación de este procedimiento exige una precisión fundamental: el juicio abreviado constituye una modalidad legal de resolución del proceso penal que presupone un acuerdo entre la acusación pública, el imputado y su defensa, sometido al correspondiente control jurisdiccional.

No se trata de una sentencia dictada después de un debate oral ordinario. Su legitimidad deriva del cumplimiento de los requisitos legales, de la conformidad prestada por el imputado y del examen judicial de la base probatoria y de la calificación jurídica.

En el caso, el tribunal consideró reunidos los elementos necesarios para dictar condena y desarrolló una extensa valoración de las actuaciones incorporadas durante la investigación penal preparatoria.

La sentencia representa, por consiguiente, un resultado penal concreto derivado de una investigación que había comenzado con la denuncia de uno de los inversores afectados y que posteriormente se amplió a numerosos hechos y personas perjudicadas.

VIII. La posición del particular damnificado y el problema de la reparación patrimonial

Un aspecto especialmente relevante del pronunciamiento consiste en el tratamiento de la posición procesal de las víctimas frente al acuerdo de juicio abreviado.

La sentencia dejó constancia de que la representación del particular damnificado patrocinado por la Dra. Florencia Ana Aída Barba, al igual que otras representaciones de víctimas, manifestó su disconformidad con el acuerdo alcanzado y reclamó una compensación económica y la reparación integral del daño.

El tribunal examinó estos planteos a la luz del artículo 402 del Código Procesal Penal bonaerense, que no reconoce al particular damnificado la facultad de oponerse a la elección del procedimiento abreviado.

Asimismo, sostuvo que el control judicial del acuerdo penal no comprendía, en las condiciones del expediente, la determinación de la reparación patrimonial reclamada, especialmente por no haberse ejercido la acción civil dentro del proceso penal.

La cuestión pone de relieve una tensión estructural entre los fines de simplificación procesal y las expectativas legítimas de las personas perjudicadas por delitos patrimoniales.

La obtención de una condena penal no equivale necesariamente al resarcimiento de los perjuicios económicos ocasionados. Se trata de consecuencias jurídicas diferenciadas, sometidas a presupuestos, procedimientos y condiciones de ejecución que pueden no coincidir.

Esta distinción resulta particularmente importante en investigaciones por fraudes financieros, donde la afectación patrimonial puede alcanzar sumas significativas y donde la recuperación de los fondos constituye, frecuentemente, uno de los principales objetivos de quienes promueven la actuación judicial.

El caso demuestra que una estrategia jurídica integral debe contemplar desde su inicio tanto la determinación de responsabilidades penales como la identificación de activos, la preservación de bienes y la evaluación de las vías disponibles para obtener una reparación económica.

IX. La intervención de Vázquez Barba Abogados y la importancia de una hipótesis penal correctamente construida

La actuación de Vázquez Barba Abogados en este expediente tuvo su origen en la representación de un inversor que había sufrido un perjuicio patrimonial considerable y que necesitaba determinar si las circunstancias de la operatoria excedían el ámbito de un incumplimiento comercial.

La denuncia patrocinada por la Dra. Florencia Ana Aída Barba desarrolló una reconstrucción cronológica de los hechos, individualizó a las personas inicialmente señaladas, describió las relaciones comerciales existentes y examinó las condiciones bajo las cuales se habían entregado y administrado los fondos.

Asimismo, incorporó una fundamentación jurídica orientada a demostrar que la disposición de capitales ajenos, cuando se realiza mediante abuso de facultades y con afectación dolosa de intereses confiados, puede configurar un supuesto de defraudación penal.

La posterior investigación permitió ampliar esa hipótesis inicial, identificar nuevos perjudicados y reunir elementos que culminaron en una sentencia condenatoria respecto de uno de los acusados.

Desde la perspectiva de la práctica profesional, el caso revela la importancia de diseñar una estrategia jurídica capaz de integrar conocimientos de derecho penal económico, contratos financieros, documentación societaria, evidencia digital y operaciones desarrolladas a través de diferentes jurisdicciones.

La intervención penal en conflictos financieros complejos exige superar la mera invocación de un perjuicio económico. Resulta indispensable reconstruir el circuito de circulación de los fondos, identificar quiénes tenían capacidad de decisión, determinar el alcance de las obligaciones asumidas y establecer qué actos concretos constituyen el núcleo de la conducta reprochada.

La sentencia dictada en este proceso constituye un resultado relevante dentro de esa secuencia de actuaciones, sin que ello implique afirmar que todos los involucrados en la investigación hayan recibido una condena ni que los damnificados hayan obtenido la restitución de sus inversiones.

X. Consideraciones finales: la responsabilidad penal en los fraudes financieros contemporáneos

El caso Inmarket FX refleja algunas de las dificultades centrales que presenta actualmente la persecución de la criminalidad económica organizada. La utilización de sociedades constituidas en distintas jurisdicciones, plataformas electrónicas de inversión, intermediarios comerciales y activos digitales puede complejizar considerablemente la identificación de los responsables y la reconstrucción de los movimientos patrimoniales.

Sin embargo, la sofisticación tecnológica de una operatoria no altera los presupuestos fundamentales del derecho penal patrimonial.

Cuando existe una relación de administración de bienes ajenos, la cuestión decisiva continúa siendo determinar si las facultades conferidas fueron ejercidas dentro de sus límites jurídicos o si fueron utilizadas dolosamente para perjudicar los intereses que debían protegerse.

La sentencia del Tribunal en lo Criminal n.º 4 de Mercedes, dictada a partir de una investigación cuyo origen fue expresamente vinculado con la denuncia promovida por un inversor patrocinado por Vázquez Barba Abogados, constituye un antecedente significativo para el análisis de las estructuras fraudulentas de captación y administración de inversiones.

Al mismo tiempo, el pronunciamiento evidencia que la condena penal y la reparación patrimonial representan dimensiones diferentes de la respuesta jurídica frente al delito, cuya articulación exige una estrategia procesal específica.

En definitiva, el caso demuestra la importancia de una intervención jurídica temprana, técnicamente fundada y orientada a transformar una controversia patrimonial compleja en una hipótesis penal susceptible de comprobación mediante prueba objetiva.

Referencia judicial: Tribunal en lo Criminal n.º 4 del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires. Causa n.º 6473-00, IPP 19-00-009922-21/00. Sentencia condenatoria en juicio abreviado del 6 de octubre de 2026.

Calificación jurídica: Asociación ilícita en concurso real con defraudación por administración fraudulenta, reiterada en veinte hechos en concurso real entre sí.

Pena impuesta: Cuatro años de prisión, accesorias legales y costas.

La resolución comentada corresponde a una sentencia dictada mediante juicio abreviado. El análisis no presupone su firmeza, la condena de otras personas investigadas ni la restitución efectiva de los capitales reclamados.