ESTUDIO VBA / CASO DE ÉXITO
Vázquez Barba Abogados obtuvo el sobreseimiento de su defendido en una compleja investigación penal por defraudación informática y operaciones con criptomonedas. La Justicia rechazó el requerimiento fiscal de elevación a juicio al considerar insuficiente la evidencia digital utilizada para acreditar su participación en la maniobra investigada.
El pronunciamiento constituye un antecedente de especial interés para las investigaciones penales basadas en registros blockchain, operaciones con activos virtuales y reconstrucciones financieras de elevada complejidad. En el caso particular de Iván Materov, cuya defensa técnica fue ejercida por Vázquez Barba Abogados, el tribunal consideró que los elementos incorporados no permitían demostrar suficientemente que nuestro asistido hubiera ejecutado las operaciones cuestionadas, controlado las billeteras investigadas o conocido el eventual origen ilícito de los fondos.
Una investigación por defraudación informática de $29.400.000
La causa tuvo su origen el 7 de mayo de 2024, cuando el titular de un establecimiento comercial ubicado en Pilar, provincia de Buenos Aires, denunció haber detectado seis transferencias bancarias que no había autorizado, cada una por un importe de $4.900.000. Según la hipótesis investigativa, las operaciones habrían sido ejecutadas mediante un programa malicioso de tipo troyano instalado previamente en un dispositivo informático del damnificado, permitiendo intervenir sobre sus operaciones bancarias y producir un perjuicio patrimonial total de $29.400.000.
A partir de las transferencias iniciales, los fondos fueron dirigidos hacia distintas cuentas bancarias y plataformas financieras. La Fiscalía sostuvo que parte del dinero fue posteriormente convertido en activos digitales, principalmente USDT, y transferido entre numerosas direcciones de la red Tron. La investigación comprendió requerimientos de información a entidades bancarias, proveedores de servicios de activos virtuales, plataformas de intercambio de criptomonedas y empresas de telecomunicaciones, junto con análisis técnicos destinados a reconstruir el recorrido del dinero.
La acusación intentó vincular a distintas personas con las operaciones identificadas, atribuyéndoles intervenciones en las etapas de recepción, conversión, circulación y dispersión de activos. Sin embargo, la reconstrucción del circuito financiero no resolvía por sí misma una cuestión jurídicamente indispensable: determinar qué conducta concreta había desarrollado cada investigado y si esa conducta constituía una participación penalmente relevante en la defraudación denunciada. Precisamente sobre esa distinción se estructuró la estrategia defensiva que permitió obtener el sobreseimiento de nuestro asistido.
La defensa frente a una imputación basada en asociaciones tecnológicas
En el caso de Iván Materov, el requerimiento fiscal de elevación a juicio se apoyaba principalmente en presuntas vinculaciones entre determinadas direcciones de criptomonedas, un canal de Telegram identificado como “Dólar Belgrano” y un número telefónico asociado al imputado en una plataforma comercial. Asimismo, se mencionaban movimientos aproximados por 297.000 USDT entre determinadas direcciones digitales y la existencia de una billetera receptora de 47.500 USDT provenientes del circuito investigado. A partir de esos elementos, la Fiscalía pretendía relacionar a nuestro defendido con el supuesto ocultamiento de fondos.
La intervención de Vázquez Barba Abogados se orientó a cuestionar la suficiencia jurídica de esa atribución. La defensa sostuvo que no se había demostrado que Materov hubiera creado, administrado o controlado las billeteras investigadas, que tuviera acceso a sus claves privadas, que hubiera ejecutado personalmente transferencias o que conociera la procedencia de los activos. Tampoco se había acreditado una intervención funcional en la defraudación originaria, ni una contribución previa o concomitante que permitiera fundamentar la participación del imputado.
El planteo no consistió en negar de manera general la utilidad de la tecnología blockchain, sino en cuestionar las conclusiones jurídicas que la acusación pretendía extraer de determinados registros técnicos. El derecho penal exige una atribución individualizada y fundada, de manera que las coincidencias informáticas o las relaciones entre identificadores digitales no pueden reemplazar la demostración de una conducta humana concreta. Este enfoque integra nuestra práctica de defensa penal compleja, particularmente en procesos donde confluyen evidencia digital, operaciones financieras y riesgos patrimoniales o reputacionales relevantes.
La ausencia de prueba sobre el control efectivo de las billeteras
Uno de los aspectos centrales del planteo defensivo fue la ausencia de elementos técnicos que permitieran atribuir a Materov el control efectivo de las direcciones investigadas. Se destacó que no existían registros individualizadores suficientes, tales como información KYC, direcciones IP, credenciales, frases semilla, registros de acceso o evidencia forense que demostrara su intervención en las operaciones concretas. También se cuestionó la utilización de asociaciones indirectas entre un número telefónico, una cuenta comercial y un canal de mensajería como fundamento para atribuir la administración de billeteras virtuales.
La defensa señaló además una inconsistencia en los criterios técnicos utilizados por la investigación. Mientras determinadas billeteras habían sido asociadas con otros investigados a partir del fondeo de TRX desde cuentas identificadas de Binance, la aplicación del mismo parámetro no permitía establecer una conexión equivalente con Materov. Por otra parte, la dirección señalada como receptora final de una porción de los activos aparecía relacionada, por su fondeo, con una cuenta registrada a nombre de una tercera persona. Estas circunstancias evidenciaban la necesidad de examinar con mayor rigor las inferencias formuladas por la Fiscalía.
La trazabilidad de criptomonedas no equivale a demostrar responsabilidad penal
Uno de los fundamentos más importantes de la resolución fue la distinción entre la posibilidad de reconstruir técnicamente una transacción y la capacidad de identificar a la persona que intervino en ella. Las redes blockchain permiten consultar movimientos entre direcciones criptográficas, identificar importes y reconstruir determinados recorridos de activos. Sin embargo, una dirección alfanumérica no identifica necesariamente a una persona física, ni demuestra por sí misma quién controla una billetera, quién ejecutó una operación o cuál fue el conocimiento de sus participantes.
El magistrado compartió expresamente el criterio defensivo según el cual la vinculación de un abonado telefónico con una cuenta comercial o de mensajería no equivale necesariamente a demostrar que el imputado administraba las direcciones de criptomonedas relacionadas con los hechos investigados. También destacó que ningún elemento adicional robustecía suficientemente la hipótesis de autoría, participación y conocimiento. En ese contexto, observó que no se había demostrado que Materov administrara el canal de Telegram, controlara la cuenta de Instagram vinculada con la investigación u operara la dirección digital que se pretendía relacionar con su persona.
El razonamiento adquiere particular relevancia para investigaciones que utilizan herramientas de inteligencia financiera y análisis de activos digitales. La reconstrucción tecnológica puede aportar indicios de interés, pero la acusación debe explicar el vínculo entre esos indicios, la intervención individual del imputado y los elementos exigidos por el tipo penal. De lo contrario, existe el riesgo de transformar relaciones técnicas en presunciones de responsabilidad, desplazando indebidamente las exigencias de fundamentación y prueba que rigen el proceso penal.
Los informes de inteligencia blockchain y su verdadero alcance probatorio
La Fiscalía también había mencionado información atribuida a TRM Labs, herramienta especializada en el análisis de operaciones con activos virtuales. La defensa cuestionó la falta de individualización suficiente de ese informe y la ausencia de información complementaria que permitiera verificar el control personal de las direcciones investigadas. El magistrado observó que la requisitoria fiscal apenas mencionaba el documento, sin precisar la pieza digital en la que se encontraba incorporado, y consideró necesario contar con datos técnicos adicionales para establecer la intervención efectiva del imputado.
Este aspecto es especialmente importante para la defensa en investigaciones de ciberdelitos y evidencia digital. Los resultados de herramientas privadas de análisis blockchain pueden ser relevantes para orientar una investigación, pero su utilización judicial requiere examinar la metodología, las fuentes, el alcance de las conclusiones y las posibilidades de contradicción. Una conclusión tecnológica no puede convertirse automáticamente en una conclusión jurídico-penal sin elementos suficientes de corroboración.
El resultado del allanamiento y el examen de los dispositivos electrónicos
Durante la investigación se practicaron allanamientos y análisis de dispositivos electrónicos. La acusación había atribuido relevancia al comportamiento del imputado durante el procedimiento y al hallazgo de billeteras de criptomonedas. Sin embargo, el tribunal diferenció esas circunstancias de la prueba necesaria para acreditar la participación en la defraudación investigada. Aunque consideró reprochable la actitud atribuida a Materov durante el allanamiento, señaló que ello no podía reemplazar las deficiencias probatorias existentes.
Asimismo, el juez destacó que el dispositivo examinado no había proporcionado información que vinculara concretamente a nuestro defendido con las operaciones investigadas. Esta observación reafirma que la existencia de billeteras virtuales, la tenencia de activos digitales o determinadas conductas procesales no permiten presumir automáticamente responsabilidad por una maniobra económica. La imputación exige establecer una relación específica entre los elementos encontrados, la conducta atribuida y los requisitos jurídicos del delito.
La diferencia entre una operación financiera y la participación en una defraudación informática
Otro aspecto especialmente relevante del fallo fue la necesidad de diferenciar la conducta que produjo la disposición patrimonial ilegítima de las operaciones posteriores de circulación, conversión y dispersión de los activos. Esta distinción resulta fundamental en causas de derecho penal económico, donde los circuitos financieros pueden comprender numerosas transferencias, intermediarios y plataformas. No toda persona que recibe, intercambia o transfiere activos vinculados con una operación investigada participa necesariamente en el delito precedente.
El magistrado señaló que las operaciones posteriores no integraban automáticamente el tipo penal de defraudación informática. Para sostener una imputación resultaba indispensable establecer una contribución jurídicamente relevante y el correspondiente elemento subjetivo. En consecuencia, la Fiscalía debía precisar si atribuía a cada imputado una intervención en las transferencias iniciales, una cooperación previa o concomitante, o una promesa anterior de colaboración. Sin esa determinación, la mera circulación de activos no resultaba suficiente para fundar una participación en el delito investigado.
La cuestión reviste especial importancia para empresarios, operadores financieros, inversores y personas que realizan operaciones con criptomonedas. Los activos digitales pueden circular entre diferentes usuarios, plataformas centralizadas, billeteras descentralizadas e intermediarios. La recepción de fondos o su transferencia posterior no demuestra necesariamente que quien intervino conociera un eventual origen ilícito. La evaluación penal requiere examinar el contexto económico, las relaciones entre los participantes, las circunstancias de conocimiento y la existencia de una conducta que satisfaga los elementos objetivos y subjetivos de la figura penal correspondiente.
Ello no significa que cualquier operación posterior de circulación u ocultamiento de activos quede necesariamente fuera de relevancia penal. Según las circunstancias, pueden corresponder análisis jurídicos diferentes. Lo que no resulta admisible es convertir automáticamente una transferencia posterior en participación en la defraudación originaria, sin acreditar los presupuestos exigidos por el artículo 173, inciso 16, del Código Penal argentino.
La oposición a la elevación a juicio como herramienta de defensa penal estratégica
Concluida la investigación penal preparatoria, el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación de la causa a juicio oral. Frente a esa pretensión, la defensa de Materov formuló oposición y solicitó su sobreseimiento, cuestionando la insuficiencia de los elementos reunidos para sostener una participación penal personal. La estrategia comprendió argumentos vinculados con la validez y valoración de la evidencia digital, las exigencias de fundamentación de la acusación y la ausencia de elementos suficientes para atribuir una conducta dolosa a nuestro asistido.
El control judicial de la requisitoria constituye una etapa especialmente importante del procedimiento penal bonaerense. Conforme al Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, la defensa puede oponerse al requerimiento fiscal y solicitar el sobreseimiento cuando considera que no se encuentran reunidos los presupuestos legales necesarios para avanzar hacia el juicio. Esa intervención exige identificar las deficiencias sustanciales de la imputación y explicar por qué los elementos incorporados no justifican someter al imputado a una nueva etapa procesal.
En este caso, el magistrado rechazó los planteos de nulidad formulados por las defensas, pero admitió las oposiciones sustanciales a la elevación a juicio. La distinción resulta particularmente significativa: el éxito defensivo no dependió de obtener la exclusión formal de toda la evidencia tecnológica, sino de demostrar que, aun considerada dentro del proceso, no alcanzaba para establecer la participación penal atribuida. La decisión se concentró en la falta de fundamentos suficientes para sostener la imputación, y no exclusivamente en cuestiones formales de incorporación probatoria.
RESULTADO DE LA DEFENSA
El 3 de noviembre de 2026, la Justicia rechazó el requerimiento fiscal de elevación a juicio y dispuso el sobreseimiento de Iván Materov , junto con los restantes imputados comprendidos en esa requisitoria, en orden al delito de defraudación informática previsto por el artículo 173, inciso 16, del Código Penal. El pronunciamiento se fundó en el artículo 323, inciso 4, del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, al considerar insuficientemente acreditada su participación personal en la maniobra investigada.
El resultado demuestra el valor estratégico de una defensa que interviene activamente durante la investigación y somete a control judicial los fundamentos de la acusación. Cuando la Fiscalía pretende llevar a juicio a una persona mediante inferencias que no describen suficientemente su intervención, la tarea defensiva consiste en examinar exhaustivamente el expediente, identificar las debilidades de la hipótesis acusatoria y promover la respuesta procesal que corresponda. La oposición a la elevación a juicio puede constituir una instancia decisiva para evitar la prosecución de imputaciones que carecen de suficiente sustento jurídico y probatorio.
Un criterio relevante para las investigaciones penales con criptomonedas
Las investigaciones relacionadas con activos digitales presentan desafíos crecientes para el sistema penal. La utilización de plataformas de intercambio, billeteras descentralizadas, sistemas de pago y herramientas de inteligencia financiera permite reconstruir operaciones que anteriormente resultaban considerablemente más difíciles de investigar. Sin embargo, el avance de esas capacidades tecnológicas no modifica las garantías que rigen la atribución de responsabilidad penal. La presunción de inocencia, el derecho de defensa y la necesidad de fundamentación conservan plena vigencia aun frente a investigaciones de elevada sofisticación técnica.
El caso demuestra que la precisión aparente de determinados registros informáticos no elimina las dificultades existentes para identificar a quienes efectivamente intervienen en una operación. Una transacción puede encontrarse documentada en la blockchain sin que ello permita establecer, por sí solo, quién la ejecutó o cuál fue su finalidad. Por esa razón, las investigaciones complejas requieren integrar el análisis tecnológico con una evaluación rigurosa de los elementos objetivos y subjetivos de cada figura penal, distinguiendo hechos comprobados, inferencias técnicas e hipótesis acusatorias que todavía necesitan corroboración.
Para empresarios, inversores, profesionales y operadores de activos virtuales, una imputación penal puede producir consecuencias que exceden ampliamente el ámbito judicial. Los allanamientos, secuestros de dispositivos, medidas cautelares sobre activos y la exposición pública pueden comprometer la continuidad de actividades económicas, afectar relaciones comerciales y generar importantes riesgos patrimoniales y reputacionales. En esos escenarios resulta indispensable contar con una estrategia que contemple tanto la discusión jurídica de la imputación como los efectos personales y empresariales que puede provocar el proceso.
Abogados penalistas especializados en criptomonedas y ciberdelitos en Argentina
En Vázquez Barba Abogados desarrollamos una práctica orientada a la defensa penal compleja, los delitos económicos y las investigaciones vinculadas con evidencia digital. Nuestra intervención comprende el análisis de imputaciones por defraudación informática, estafas, operaciones financieras cuestionadas, activos virtuales y otras controversias que exigen examinar información bancaria, tecnológica y patrimonial. Trabajamos con una metodología basada en el estudio exhaustivo de las actuaciones, la evaluación crítica de los elementos probatorios y el diseño de estrategias procesales individualizadas.
El sobreseimiento obtenido en este caso refleja la importancia de una defensa capaz de integrar razonamiento jurídico y análisis técnico en investigaciones financieras complejas. La existencia de registros informáticos, operaciones con criptomonedas o relaciones entre billeteras no elimina la necesidad de demostrar quién realizó una conducta, cuál fue su intervención y qué conocimiento tenía de los hechos. La tecnología puede ampliar considerablemente las posibilidades de investigación, pero no sustituye las exigencias de atribución personal que constituyen el fundamento de la responsabilidad penal.
Cuando una investigación compromete la libertad, el patrimonio o la reputación de una persona, la calidad de la defensa debe medirse por su capacidad para identificar los aspectos determinantes de la acusación y construir una respuesta jurídica eficaz. El resultado obtenido demuestra que esa labor puede resultar decisiva incluso frente a investigaciones sustentadas en complejos sistemas de análisis de activos digitales.
Referencia judicial: Resolución del 3 de noviembre de 2026, investigación penal preparatoria por defraudación informática, Justicia de la provincia de Buenos Aires. El presente artículo analiza el pronunciamiento obtenido, sin afirmar su firmeza ni el resultado de eventuales recursos posteriores. Los resultados dependen de las circunstancias particulares de cada caso.