Nos mantenemos actualizados compartiendo novedades sobre casos reales de nuestro estudio y jurisprudencia relevante. Nuestra dedicación a seguir de cerca los avances legales y las decisiones judiciales nos permite ofrecer a nuestros clientes una visión informada y estratégica en sus asuntos legales.
La prisión preventiva debe fundarse en riesgos procesales concretos y no únicamente en la gravedad del delito imputado.
Un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense reabrió el debate sobre las excarcelaciones y la prisión preventiva. Analizamos cuándo puede rechazarse una excarcelación, cuáles son los límites constitucionales de la detención durante el proceso penal y qué herramientas tiene una persona cuando la justicia le niega la libertad.
Las extradiciones entre España y Argentina requieren control judicial y no implican una entrega automática de la persona requerida.
La reciente solicitud de extradición formulada por Argentina ante España contra un exmilitar venezolano acusado de crímenes de lesa humanidad volvió a poner el foco sobre los mecanismos de cooperación judicial internacional. Analizamos cómo funciona una extradición entre España y Argentina, qué derechos tiene la persona requerida y cuáles son las estrategias jurídicas que pueden desarrollarse durante el procedimiento.
Recibir una solicitud de extradición de Estados Unidos puede generar incertidumbre tanto para la persona requerida como para su familia. Sin embargo, la extradición no es un trámite automático y existen derechos, garantías y estrategias de defensa que pueden resultar determinantes para el resultado del proceso. En este artículo analizamos cómo funciona la extradición entre Estados Unidos y Argentina, qué sucede ante una detención, cuáles son las posibilidades de oposición y por qué la intervención temprana de un abogado especializado en derecho penal internacional puede marcar una diferencia decisiva.
La Resolución General IGJ 4/2026 modifica el régimen aplicable a sociedades extranjeras que buscan actuar, invertir o participar en sociedades locales en Argentina. La reforma simplifica requisitos, diferencia los supuestos de los artículos 118 y 123 de la Ley General de Sociedades y abre nuevas oportunidades para inversores internacionales, sin eliminar los riesgos legales, societarios, regulatorios y patrimoniales que deben evaluarse antes de estructurar una operación.
Las investigaciones penales complejas evolucionaron hacia modelos de reconstrucción patrimonial integral. Fraude, lavado, conflictos societarios, criptoactivos y estructuras internacionales forman parte de un nuevo escenario donde la defensa requiere una estrategia jurídica, financiera y tecnológica altamente especializada.
La cooperación penal internacional ha transformado el alcance de las investigaciones complejas. Extradiciones, restricciones migratorias, pedidos internacionales y delitos económicos requieren una defensa estratégica, integral y técnicamente especializada.
Los allanamientos empresariales pueden implicar secuestro de documentación, computadoras, teléfonos y evidencia digital sensible. Analizamos qué debe controlarse, cuándo pueden existir nulidades y por qué una defensa penal temprana puede ser decisiva para proteger a la empresa, sus directivos y su reputación.
Caso de éxito en defensa penal en CABA: se obtuvo el archivo de una denuncia por lesiones leves por falta de prueba suficiente sobre la materialidad del hecho. La investigación no logró acreditar de manera objetiva el empujón atribuido al imputado, ni reunir elementos independientes que permitieran sostener la imputación penal. Este caso demuestra la importancia de una defensa penal técnica y temprana para evitar el avance de procesos sin sustento probatorio.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.° 6 ordenó la libertad inmediata del requerido en la causa CFP 3302/2025, al verificarse la ausencia de solicitud formal de extradición y de la documentación esencial exigida por el tratado aplicable. La resolución reafirma que las medidas restrictivas de libertad con fines extraditorios requieren base documental suficiente, control de legalidad convencional y tutela judicial efectiva.
La Resolución 543/2025 del Ministerio de Justicia aprobó el protocolo operativo para la recepción de bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados, en complemento del régimen instaurado por el Decreto 575/2025. La nueva normativa fortalece la trazabilidad de activos, exige mayor precisión documental a jueces y fiscalías y abre un nuevo campo de análisis en materia de litigación penal económica, decomisos y extinción de dominio.
