La Resolución General IGJ 4/2026 modifica el régimen aplicable a sociedades extranjeras que buscan actuar, invertir o participar en sociedades locales en Argentina. La reforma simplifica requisitos, diferencia los supuestos de los artículos 118 y 123 de la Ley General de Sociedades y abre nuevas oportunidades para inversores internacionales, sin eliminar los riesgos legales, societarios, regulatorios y patrimoniales que deben evaluarse antes de estructurar una operación.

Las investigaciones penales complejas evolucionaron hacia modelos de reconstrucción patrimonial integral. Fraude, lavado, conflictos societarios, criptoactivos y estructuras internacionales forman parte de un nuevo escenario donde la defensa requiere una estrategia jurídica, financiera y tecnológica altamente especializada.

Los allanamientos empresariales pueden implicar secuestro de documentación, computadoras, teléfonos y evidencia digital sensible. Analizamos qué debe controlarse, cuándo pueden existir nulidades y por qué una defensa penal temprana puede ser decisiva para proteger a la empresa, sus directivos y su reputación.

Los conflictos entre socios pueden involucrar cuestiones de derecho societario, responsabilidad civil y, en determinados supuestos, relevancia penal. El análisis del derecho de información, del abuso del derecho, de la administración fraudulenta y de la jurisprudencia reciente permite construir estrategias jurídicas eficaces para proteger el patrimonio social y los derechos de los socios afectados.

La Resolución UIF 3/2026 establece un régimen específico para el reporte de operaciones sospechosas de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con plazos de 24 horas, screening periódico obligatorio y congelamiento administrativo inmediato de activos. La norma refuerza el cumplimiento argentino de las sanciones financieras dirigidas y exige a los sujetos obligados procedimientos internos robustos, trazabilidad documental y capacidad real de respuesta temprana.