Denuncias penales como mecanismo de presión laboral: archivo de una causa por estafa

La utilización de denuncias penales en el contexto de conflictos laborales plantea uno de los problemas más delicados en la relación entre el poder punitivo del Estado, el ejercicio legítimo de los derechos individuales y los límites de la actuación judicial. Cuando una controversia originada en una relación de trabajo trasciende su ámbito natural y se transforma en una investigación criminal, resulta indispensable determinar si existen hechos concretos con relevancia penal o si, por el contrario, se pretende trasladar al fuero represivo una discusión que debe resolverse mediante los mecanismos propios del derecho laboral.

Esta problemática adquiere especial gravedad cuando la denuncia penal aparece vinculada con situaciones de tensión entre empleadores y trabajadores, reclamos indemnizatorios, disputas sobre la existencia de una relación laboral o intentos de obtener una renuncia, un desistimiento o una modificación de la posición negociadora de alguna de las partes. En determinadas circunstancias, la sola existencia de una investigación criminal puede introducir una presión considerable sobre quien la enfrenta, aun cuando la imputación carezca de los presupuestos necesarios para configurar un delito. La posibilidad de ser citado a declarar como imputado, afrontar medidas de investigación o quedar expuesto a las consecuencias reputacionales de una causa penal puede alterar sustancialmente el equilibrio entre las partes.

Sin embargo, no toda denuncia presentada durante un conflicto laboral constituye una maniobra ilegítima. La existencia de una relación de trabajo tampoco excluye la posibilidad de que se cometan delitos. El problema jurídico consiste en establecer una distinción rigurosa entre hechos verdaderamente subsumibles en una figura penal y controversias que, por su naturaleza, deben ser examinadas en otra jurisdicción. Esa delimitación constituye una garantía indispensable frente a la expansión indebida del derecho penal y exige una evaluación técnica que no puede quedar subordinada a los intereses económicos, contractuales o procesales de los involucrados.

Un caso tramitado ante el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de San Isidro permite examinar esta cuestión a partir de una decisión concreta. Mediante resolución del 21 de septiembre de 2026, la Fiscalía dispuso el archivo de una investigación penal por presunta estafa iniciada contra una persona que había promovido previamente una demanda laboral. El pronunciamiento resulta particularmente relevante porque aborda los requisitos de configuración de la estafa procesal, la competencia material del fuero laboral, el principio de intervención mínima y la improcedencia de utilizar la jurisdicción penal como una instancia paralela de revisión de controversias todavía pendientes de resolución.

1. Cuando un conflicto laboral se transforma en una denuncia penal: criminalización del reclamo y riesgos de utilización instrumental del proceso

El conflicto que dio origen a la investigación penal se encontraba inicialmente radicado ante el Tribunal del Trabajo N.º 4 del Departamento Judicial de San Isidro. En ese expediente se discutía una pretensión laboral por despido, cuya procedencia dependía, entre otras cuestiones, de la determinación de la relación jurídica existente entre las partes y de la valoración de la documentación acompañada en sustento del reclamo.

Con posterioridad, se formuló una denuncia penal contra el actor de ese proceso. Según surge de la resolución fiscal, el denunciante sostuvo que la persona que había iniciado la demanda laboral pretendía acreditar un vínculo de trabajo inexistente mediante la incorporación de una copia documental en la que figuraba dentro de una nómina de personal registrado ante una aseguradora de riesgos del trabajo. A criterio del denunciante, las afirmaciones efectuadas en el juicio laboral y la utilización de esa documentación constituían una maniobra fraudulenta susceptible de encuadrar en el delito de estafa previsto en el artículo 172 del Código Penal.

La hipótesis acusatoria descansaba, por lo tanto, en atribuir relevancia criminal a la presentación de una demanda laboral y al empleo de elementos probatorios cuya autenticidad, alcance o eficacia se encontraban controvertidos. La Fiscalía debía determinar si esa situación justificaba la intervención de la justicia penal o si los cuestionamientos formulados correspondían al debate probatorio del proceso laboral en trámite.

Este punto merece especial atención porque, en la práctica, la existencia de una controversia sobre hechos relevantes para un juicio no transforma automáticamente la conducta de una de las partes en una infracción penal. El hecho de que un empleador desconozca una relación laboral, cuestione la autenticidad de un documento o considere improcedente una pretensión indemnizatoria no resulta suficiente, por sí mismo, para demostrar una defraudación. La controversia judicial supone precisamente la posibilidad de que las partes sostengan interpretaciones contrapuestas sobre hechos, derechos y elementos de prueba, sometiendo esas diferencias al control del órgano jurisdiccional competente.

La distinción resulta todavía más importante cuando se considera la posición que puede ocupar una denuncia criminal dentro de un conflicto laboral. En determinados escenarios, la amenaza de un proceso penal puede utilizarse para intentar condicionar decisiones de naturaleza estrictamente laboral, como la presentación de una renuncia, la aceptación de un acuerdo desfavorable, el abandono de una pretensión indemnizatoria o el desistimiento de un juicio. Este fenómeno exige examinar no solamente la apariencia formal de la denuncia, sino también la existencia de una base fáctica verificable que permita justificar la intervención del sistema penal.

Si una persona es denunciada por el solo hecho de formular un reclamo judicial, el riesgo no se limita a las consecuencias individuales del expediente. También puede producirse un efecto disuasorio sobre el ejercicio de derechos reconocidos constitucionalmente. El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de peticionar a las autoridades, mientras que el artículo 14 bis establece una protección especial del trabajo en sus diversas formas. A ello se suman las garantías de defensa en juicio y debido proceso consagradas en el artículo 18, así como la tutela judicial efectiva reconocida en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional.

Estas disposiciones no confieren inmunidad penal a quienes intervienen en un litigio laboral. Lo que impiden es que el ejercicio regular del derecho de acción sea tratado como delictivo sin una justificación típica y probatoria suficiente. La protección constitucional de la actividad jurisdiccional sería incompatible con un sistema en el que cualquier pretensión posteriormente rechazada pudiera desencadenar, por esa sola circunstancia, una persecución penal contra quien la promovió.

Desde la perspectiva de la defensa, resulta esencial impedir que se confundan dos planos jurídicos distintos: la procedencia de una reclamación laboral y la existencia de una conducta penalmente típica. El primero depende de las reglas sustantivas y probatorias de la legislación del trabajo; el segundo exige verificar todos los elementos de un delito determinado, respetando el principio de legalidad y las garantías propias del procedimiento criminal.

En el expediente analizado, la Fiscalía advirtió precisamente esa diferencia. Después de examinar las actuaciones y determinados antecedentes del juicio laboral incorporados a la investigación, concluyó que no se encontraban reunidas las condiciones necesarias para impulsar la persecución penal. Su decisión no resolvió si existía o no la relación laboral discutida, ni sustituyó la valoración probatoria correspondiente al tribunal especializado. Por el contrario, preservó la competencia de ese órgano para determinar la procedencia del reclamo y evitó transformar una controversia laboral pendiente en una imputación criminal sin sustento suficiente.

2. La estafa procesal, el principio de ultima ratio y la prohibición de convertir al fuero penal en revisor de la justicia laboral

El fundamento central de la resolución reside en una cuestión de dogmática penal: para sostener una imputación por estafa no basta con afirmar que una persona realizó manifestaciones inexactas dentro de un proceso judicial. Es indispensable demostrar que la conducta reúne los elementos objetivos y subjetivos exigidos por la figura legal y que existe una conexión jurídicamente relevante entre el supuesto engaño y el perjuicio patrimonial atribuido.

El artículo 172 del Código Penal argentino contempla la defraudación cometida mediante distintos procedimientos engañosos. Su estructura típica exige, como regla general, la concurrencia de un ardid o engaño idóneo, un error provocado en la víctima, una disposición patrimonial causalmente vinculada con ese error y un perjuicio económicamente apreciable. A ello debe añadirse el aspecto subjetivo correspondiente, particularmente el conocimiento y la voluntad de llevar adelante una maniobra defraudatoria.

Cuando la hipótesis se construye alrededor de una actuación judicial, la doctrina examina la denominada estafa procesal. Esta modalidad presenta una complejidad particular porque el eventual engaño se dirige al órgano jurisdiccional, mientras que las consecuencias patrimoniales pueden recaer sobre la contraparte. La estructura del delito requiere entonces analizar si existió una maniobra fraudulenta idónea para provocar un error judicial y si ese error determinó una decisión con consecuencias patrimoniales perjudiciales.

La doctrina penal argentina ha establecido una distinción fundamental entre el engaño penalmente relevante y las afirmaciones controvertidas que integran el debate ordinario de un proceso. En la resolución examinada, la Fiscalía recurrió expresamente a las consideraciones de Edgardo Donna y a la posición doctrinaria atribuida a Ricardo Núñez, vinculadas con la necesidad de diferenciar las maniobras engañosas de la simple promoción de demandas infundadas o temerarias.

La relevancia de esta distinción es evidente. Si toda demanda judicial que finalmente no prospera pudiera interpretarse como una tentativa de estafa procesal, el derecho penal terminaría convirtiéndose en un instrumento de intimidación frente al ejercicio del derecho de acción. La posibilidad de una sentencia desfavorable integra el riesgo normal de cualquier controversia judicial; no constituye, por sí sola, demostración de una conducta criminal.

En este contexto, la presentación de documentos discutidos debe analizarse atendiendo a su autenticidad, contenido, origen y aptitud probatoria. No es jurídicamente equivalente acompañar documentación cuya fuerza convictiva es cuestionada, formular una interpretación controvertida de una relación contractual o fabricar deliberadamente un instrumento falso para inducir en error a un tribunal. Cada hipótesis requiere una valoración diferenciada, y solamente aquellas conductas que satisfagan los requisitos de una figura penal pueden justificar una imputación criminal.

En el caso de San Isidro, la Fiscalía concluyó que no se verificaba el engaño determinante de un error causalmente conectado con una disposición patrimonial. Esta ausencia de elementos típicos impidió avanzar sobre la calificación de estafa pretendida por el denunciante. El razonamiento no se limitó a considerar que existía un juicio laboral pendiente, sino que examinó también la insuficiencia de los presupuestos necesarios para sostener la figura penal denunciada.

Otro aspecto de especial interés es la referencia al principio de ultima ratio, estrechamente vinculado con la fragmentariedad y subsidiariedad del derecho penal. Conforme a estos postulados, la intervención punitiva estatal debe reservarse para aquellas conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos de una manera que justifique la utilización de sus instrumentos más gravosos. El derecho penal no constituye un mecanismo universal de resolución de conflictos ni puede emplearse para sustituir las herramientas propias de otras ramas del ordenamiento jurídico.

La Fiscalía recurrió a la doctrina de Esteban Righi para destacar que la protección penal de los bienes jurídicos es necesariamente selectiva y que existen afectaciones de intereses patrimoniales que no justifican una respuesta criminal. Esta concepción resulta particularmente relevante frente a conflictos laborales, comerciales, societarios o contractuales en los cuales una parte intenta presentar como delito una controversia cuya solución depende de reglas civiles, laborales o comerciales.

La subsidiariedad penal no significa que deba aguardarse siempre la finalización de un procedimiento extrapenal para investigar un delito. Tampoco implica que la existencia de un juicio laboral excluya automáticamente una eventual falsificación documental, una estafa u otra conducta criminal autónoma. Su verdadera función consiste en impedir que se active el sistema penal cuando la descripción de los hechos no supera el umbral de relevancia típico exigido por la ley.

La resolución incorporó, además, un argumento relacionado con la coherencia del sistema judicial: el riesgo de strepitus fori, expresión utilizada para describir situaciones en las que la intervención simultánea de diferentes jurisdicciones puede provocar decisiones contradictorias sobre cuestiones sustancialmente coincidentes.

En el expediente, la Fiscalía consideró que los cuestionamientos relacionados con la existencia de la relación de trabajo y la prueba aportada debían discutirse ante el tribunal laboral interviniente. Permitir que la investigación penal funcionara como un procedimiento paralelo destinado a evaluar anticipadamente la misma controversia podía generar una superposición incompatible con la adecuada administración de justicia.

Este razonamiento no establece una subordinación general de la jurisdicción penal frente a la laboral. Ambas poseen competencias y finalidades diferentes. Lo que cuestiona es la pretensión de utilizar al Ministerio Público Fiscal como una instancia revisora de controversias que todavía deben ser resueltas por los jueces naturalmente competentes, sin identificar una conducta penal autónoma suficientemente sustentada.

Desde una perspectiva constitucional, la cuestión se vincula con el principio del juez natural, la distribución legal de competencias, la seguridad jurídica y el debido proceso. La coexistencia de jurisdicciones no es irregular por sí misma; se vuelve problemática cuando se pretende trasladar artificialmente el mismo desacuerdo fáctico a un proceso penal sin demostrar los presupuestos específicos que habilitan su intervención.

La decisión fiscal también abordó el estándar probatorio necesario para avanzar hacia una declaración del imputado en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Esta disposición exige elementos suficientes o indicios vehementes sobre la comisión de un delito y motivo bastante para sospechar la participación de una persona determinada.

La exigencia no constituye una formalidad. Representa una garantía destinada a impedir que la imputación penal avance sin una base objetiva que permita justificar el ejercicio de la persecución criminal. La mera existencia de una denuncia, la disconformidad del denunciante con una pretensión laboral o la formulación de sospechas generales no reemplazan la necesidad de verificar indicios concretos de una conducta delictiva.

En consecuencia, la Fiscalía consideró que el legajo no alcanzaba el grado de sospecha requerido para convocar a la persona denunciada bajo el régimen del artículo 308 y dispuso el archivo conforme al cuarto párrafo del artículo 268 del mismo cuerpo normativo.

3. El archivo de la investigación y la defensa frente a denuncias penales utilizadas en conflictos laborales

El 21 de septiembre de 2026, el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de San Isidro resolvió archivar la investigación penal por estafa. La decisión se fundó en la insuficiencia de elementos para sostener la configuración del delito denunciado, la necesidad de preservar el ámbito de decisión propio de la justicia laboral y la improcedencia de impulsar una investigación criminal que no alcanzaba el estándar mínimo de sospecha exigido por la legislación procesal.

El archivo fue dispuesto en los términos del artículo 268, cuarto párrafo, del Código Procesal Penal bonaerense, hasta tanto pudieran surgir nuevos elementos que justificaran modificar el temperamento adoptado. Esta precisión resulta importante: el archivo fiscal no equivale a una sentencia absolutoria ni produce necesariamente los mismos efectos que un sobreseimiento firme. Se trata de una decisión de no continuar la investigación sobre la base de los antecedentes disponibles, sin perjuicio de los mecanismos legalmente previstos ante la aparición de nuevos elementos relevantes.

Sin embargo, su importancia jurídica es considerable. La resolución impidió que la denuncia avanzara hacia una imputación formal bajo el artículo 308 y reafirmó que la persecución penal no puede construirse exclusivamente sobre la discrepancia entre las posiciones asumidas por las partes en un litigio laboral.

El caso permite destacar una cuestión central para la defensa penal: una estrategia eficaz no siempre consiste en discutir cada afirmación del denunciante como si el proceso criminal fuera la continuación del conflicto originario. En muchas oportunidades, el planteo decisivo reside en cuestionar la propia relevancia penal de los hechos denunciados, examinar la estructura típica de la imputación y demostrar por qué el material incorporado no alcanza el umbral jurídico necesario para justificar la intervención represiva.

Esa aproximación exige distinguir entre la defensa sobre los hechos y la defensa sobre la tipicidad. La primera procura demostrar que determinadas afirmaciones no ocurrieron, que ciertos documentos son auténticos o que la versión acusatoria resulta incompatible con la prueba disponible. La segunda analiza si, aun aceptando provisionalmente la descripción presentada por el denunciante, la conducta reúne verdaderamente los elementos exigidos por el tipo penal invocado.

La diferencia tiene consecuencias estratégicas profundas. Si el núcleo de la denuncia consiste exclusivamente en controvertir una relación laboral pendiente de juzgamiento, puede resultar jurídicamente más relevante demostrar la ausencia de engaño típico, error y disposición patrimonial que intentar anticipar dentro del expediente penal toda la discusión probatoria correspondiente al tribunal del trabajo.

También debe examinarse la eventual utilización de la denuncia penal como factor de presión extraprocesal. En conflictos particularmente sensibles, una acusación criminal puede coincidir con exigencias de renuncia, propuestas de acuerdos económicos, solicitudes de desistimiento o intentos de modificar una posición negociadora. Cuando existen indicios de esa finalidad, su identificación puede adquirir relevancia para reconstruir el contexto de la denuncia, evaluar su credibilidad y determinar si se configura alguna conducta ilícita autónoma.

No obstante, la demostración de una utilización instrumental del proceso requiere elementos objetivos. La mera coexistencia de un reclamo laboral y una denuncia penal no autoriza, por sí misma, a concluir que se ejerció coacción, extorsión o una falsa denuncia. Para arribar a esas conclusiones corresponde analizar comunicaciones, intimaciones, secuencias temporales, exigencias concretas, documentación y demás circunstancias verificables, respetando los presupuestos específicos de cada figura jurídica.

Desde esta perspectiva, las comunicaciones empresariales y laborales pueden asumir una especial importancia. Los mensajes mediante los cuales se condiciona el retiro de una denuncia a la firma de una renuncia, se amenaza con consecuencias criminales para obtener un desistimiento o se presenta un acuerdo bajo la presión de imputaciones infundadas deben evaluarse cuidadosamente. Su trascendencia jurídica dependerá del contenido, de la legitimidad de la advertencia formulada, de la existencia de una exigencia indebida y del contexto en el que se produce.

La intervención temprana de una defensa penal especializada resulta especialmente relevante para preservar evidencia, reconstruir la secuencia de los acontecimientos y evitar que la persona denunciada adopte decisiones laborales o patrimoniales bajo una interpretación equivocada de los riesgos procesales que enfrenta.

En Estudio Vázquez Barba Abogados abordamos este tipo de controversias mediante una evaluación integrada de los hechos, la documentación y los presupuestos jurídicos de la imputación. Cuando una investigación penal se origina en una disputa laboral, contractual o patrimonial, resulta necesario determinar qué cuestiones corresponden efectivamente al ámbito criminal, cuáles deben permanecer sometidas a la jurisdicción especializada y qué medidas defensivas resultan proporcionadas a la situación procesal concreta.

El análisis comprende la identificación del hecho punible atribuido, la evaluación de la prueba disponible, la revisión de los elementos objetivos y subjetivos del delito, el examen de los estándares de sospecha y la consideración de las consecuencias que una investigación penal puede proyectar sobre otros procedimientos judiciales. En asuntos que involucran relaciones empresariales o profesionales, también resulta indispensable contemplar los riesgos reputacionales, económicos y comerciales derivados de la exposición penal.

El pronunciamiento de San Isidro constituye un ejemplo significativo de los límites que deben respetarse al intentar trasladar una controversia laboral al ámbito criminal. Su valor no reside en establecer que las conductas desarrolladas durante un juicio de trabajo nunca pueden constituir delito, sino precisamente en reafirmar lo contrario de una criminalización automática: la responsabilidad penal requiere una conducta típica, elementos probatorios suficientes y una justificación autónoma de la intervención del Estado.

La conclusión trasciende las particularidades del expediente. Una denuncia por estafa no puede reemplazar la carga de probar los hechos discutidos ante el fuero laboral, del mismo modo que la posibilidad de una investigación criminal no debe utilizarse para condicionar ilegítimamente el ejercicio de derechos, imponer una renuncia o forzar la aceptación de soluciones contractuales.

El derecho penal no puede convertirse en una herramienta de negociación privada cuando no existen fundamentos jurídicos suficientes para su intervención. La defensa de esta premisa constituye una garantía individual, pero también una condición necesaria para preservar la legitimidad de la administración de justicia y evitar que los mecanismos más severos del ordenamiento sean utilizados para resolver controversias ajenas a su finalidad.

Frente a una denuncia penal vinculada con un conflicto laboral, una defensa técnica temprana permite determinar si la imputación describe verdaderamente un delito, identificar sus debilidades jurídicas y probatorias y adoptar una estrategia que contemple tanto la investigación criminal como sus posibles repercusiones en los demás procesos.

Estudio Vázquez Barba Abogados interviene en investigaciones penales complejas, denuncias por estafa y defraudaciones, conflictos empresariales con derivaciones criminales y procedimientos en los que resulta necesario delimitar la responsabilidad penal frente a controversias contractuales o patrimoniales. Con actuación en Buenos Aires y asuntos de alcance nacional, el Estudio desarrolla estrategias de defensa orientadas a la protección de los derechos, la situación procesal y los intereses patrimoniales de sus clientes.