El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la nulidad de una inspección fiscal que, en los hechos, implicó un allanamiento encubierto sin orden judicial sobre un inmueble de uso habitacional. La resolución reafirma la inviolabilidad del domicilio, invalida el consentimiento prestado sin asistencia letrada y fija límites claros al uso de facultades administrativas con fines probatorios penales.