La resolución también fortalece la cooperación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en línea con las políticas públicas orientadas a recuperar activos de origen ilícito y reinvertirlos en áreas estratégicas. Desde una perspectiva práctica, esto tiene efectos concretos en la litigación penal, especialmente en materia de delitos económicos, lavado de activos y corrupción. Las defensas deberán estar atentas al cumplimiento estricto de los requisitos formales y a la trazabilidad de los bienes cautelados, porque cualquier deficiencia en la documentación puede ser una oportunidad para discutir la validez de las medidas o su alcance. Para las empresas y particulares sometidos a procesos complejos, el protocolo también introduce la necesidad de una planificación más seria de su estrategia patrimonial y de compliance, anticipando el impacto de eventuales incautaciones o decomisos.

Esta normativa marca un avance positivo en la profesionalización de la gestión de bienes de origen ilícito y en la búsqueda de mayor transparencia y eficiencia institucional. Sin embargo, también plantea desafíos: la burocratización excesiva o la falta de recursos para cumplir con las exigencias documentales pueden demorar la recuperación efectiva de activos y generar litigios accesorios. Será clave que la implementación sea acompañada por capacitación, coordinación interinstitucional real y un seguimiento estricto de los estándares fijados. Si se aplica correctamente, el protocolo no solo puede mejorar la administración de justicia, sino también consolidar la confianza social en que los bienes ilícitos recuperados cumplen un fin reparador y de utilidad pública.