La convergencia entre videojuegos, monetización digital y mecánicas aleatorias exige una revisión profunda del derecho del consumidor, de la responsabilidad civil y de la tutela reforzada de niños, niñas y adolescentes. Un análisis funcional de las loot boxes permite advertir elementos de onerosidad, aleatoriedad y expectativa de ventaja, activando deberes intensificados de información, seguridad, prevención y reparación.
La Resolución 543/2025 del Ministerio de Justicia aprobó el protocolo operativo para la recepción de bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados, en complemento del régimen instaurado por el Decreto 575/2025. La nueva normativa fortalece la trazabilidad de activos, exige mayor precisión documental a jueces y fiscalías y abre un nuevo campo de análisis en materia de litigación penal económica, decomisos y extinción de dominio.
En una causa iniciada a partir de una investigación internacional por distribución y tenencia con fines de distribución de material de abuso sexual infantil, obtuvimos la homologación de un acuerdo de avenimiento que derivó en una condena de 3 años de prisión de ejecución condicional. La estrategia defensiva se apoyó en el análisis integral de la prueba, la aceptación de responsabilidad, la ausencia de antecedentes penales y la construcción de un régimen de reglas de conducta orientado a asegurar una respuesta proporcional y jurídicamente fundada.
El Tribunal Colegiado de Rawson absolvió a nuestros asistidos en la causa “Cecilia Torres Otarola y otros p.s.a. fraude a la administración pública”, al concluir que la Fiscalía no logró demostrar con certeza la inexistencia de contraprestación funcional ni la integración de los imputados a un esquema fraudulento. La sentencia aplicó el principio de la duda razonable y reafirmó la vigencia de la presunción de inocencia en procesos penales vinculados con la administración pública.
La causa “Ñoquis Calientes” plantea debates relevantes en materia de delitos contra la administración pública, responsabilidad penal funcional, manejo de fondos estatales y límites de la imputación penal en estructuras complejas de gestión pública. En Estudio VBA asumimos la defensa técnica del caso con un enfoque centrado en el debido proceso, la legalidad y el análisis riguroso de la prueba.
En el incidente de apelación seguido en la causa “Zeballos, Cintia Fabiana y otros s/ suministro infiel o irregular de medicamentos”, el tribunal revocó la resolución que había rechazado el planteo de nulidad formulado por esta defensa y declaró inválido el ingreso al domicilio de nuestro asistido, el secuestro de los elementos hallados y todo lo actuado en consecuencia. La decisión se apoyó en la ausencia de orden judicial suficiente, en la invalidez del consentimiento invocado y en la falta de justificación para apartarse del régimen constitucional de protección domiciliaria.
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca declaró la inconstitucionalidad de ordenanzas municipales de Santa Rosa cuestionadas por Embotelladora del Atlántico S.A., al considerar que la tasa por inspección sanitaria aplicada sobre alimentos que ingresaban a la ciudad contravenía los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Constitución Nacional. El caso resulta relevante por sus implicancias sobre la libre circulación de mercaderías, los límites del poder regulatorio municipal y la supremacía del orden federal.
