La obtención de imágenes íntimas sin consentimiento puede constituir una grave afectación a la intimidad, la dignidad y la libertad sexual de la víctima. En Argentina, estas conductas deben analizarse a la luz de la violencia digital, la perspectiva de género y las posibles consecuencias penales, contravencionales y cautelares.
El debate sobre la prescripción y eventual imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes ocupa hoy un lugar central en el derecho penal argentino. La evolución normativa, desde la Ley 26.705 hasta la Ley 27.206, muestra un desplazamiento hacia modelos más protectores del acceso a la justicia, aunque la discusión sobre la imprescriptibilidad absoluta y su compatibilidad con el principio de legalidad sigue abierta.
La defensa obtuvo el cierre definitivo de una causa penal mediante la confirmación de la extinción de la acción por prescripción y la firmeza del sobreseimiento de nuestra asistida. La resolución rechazó los intentos recursivos del Ministerio Público Fiscal, reafirmando los principios de legalidad, seguridad jurídica, irretroactividad de la ley penal más gravosa y límites a la reapertura de procesos ya concluidos.
La querella intervino en un caso atravesado por fuertes asimetrías de poder, represalias laborales y obstáculos institucionales, en el que la denunciante debió sostener su reclamo penal frente a un imputado con influencia funcional y política. El expediente plantea cuestiones relevantes en materia de violencia de género, abuso de poder, hostigamiento institucional y tutela judicial efectiva de las víctimas.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 55 concedió la prisión domiciliaria a nuestra asistida, madre de hijos menores de edad, con fundamento en la protección del interés superior del niño y en la necesidad de preservar el entorno de cuidado familiar bajo un esquema de supervisión electrónica. La resolución ponderó la incidencia concreta de la privación de libertad intramuros sobre los derechos de los menores y la viabilidad de una modalidad de cumplimiento compatible con el control judicial y la tutela reforzada de la infancia.