La obtención de imágenes íntimas sin consentimiento puede constituir una grave afectación a la intimidad, la dignidad y la libertad sexual de la víctima. En Argentina, estas conductas deben analizarse a la luz de la violencia digital, la perspectiva de género y las posibles consecuencias penales, contravencionales y cautelares.
La causa 87046/2023-0 finalizó con el desistimiento del Ministerio Público Fiscal y el sobreseimiento definitivo del imputado luego de que la Justicia declarara la nulidad constitucional del procedimiento que había dado origen a toda la investigación penal.
Caso de éxito en defensa penal en CABA: se obtuvo el archivo de una denuncia por lesiones leves por falta de prueba suficiente sobre la materialidad del hecho. La investigación no logró acreditar de manera objetiva el empujón atribuido al imputado, ni reunir elementos independientes que permitieran sostener la imputación penal. Este caso demuestra la importancia de una defensa penal técnica y temprana para evitar el avance de procesos sin sustento probatorio.
El tribunal dispuso el sobreseimiento de nuestro asistido en una causa por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, al concluir que la imputación no contaba con corroboraciones periféricas objetivas suficientes ni con un grado de probabilidad bastante para sostener la continuidad de la acción penal. La resolución receptó la estrategia defensiva centrada en el control metodológico de la prueba, la insuficiencia de corroboración y los límites constitucionales de la prisión preventiva prolongada.
El Juzgado de Garantías N.° 3 Departamental dictó el sobreseimiento total de nuestro asistido en una causa por encubrimiento agravado por ánimo de lucro, al considerar acreditada la ausencia de dolo y la verdadera naturaleza patrimonial y sucesoria del conflicto. La resolución concluyó que la nueva prueba incorporada excluía el conocimiento del origen ilícito del vehículo y tornaba improcedente toda subsunción típica en el artículo 277 del Código Penal.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV / Feria B, revocó la clausura de la instrucción al considerar que la mera continuidad del trámite durante la feria judicial no habilita por sí sola el cómputo de plazos procesales contra la defensa. El fallo distingue entre actividad jurisdiccional urgente y habilitación formal de días y horas en los términos del artículo 162 del CPPN, reafirmando la centralidad del derecho de defensa y del contradictorio.
El Tribunal Oral Federal N.° 1 de Córdoba concedió la suspensión del juicio a prueba por un año a dos imputados en una causa por infracción al artículo 157 bis, inciso 3, del Código Penal y abandono de persona agravado, luego de valorar la ausencia de antecedentes, la existencia de un acuerdo reparatorio por más de cuarenta y tres millones de pesos, el principio de cumplimiento ya acreditado y la conformidad de los querellantes y del Ministerio Público Fiscal.
El tribunal dispuso la morigeración de la prisión preventiva de nuestro asistido bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, al valorar la existencia de un trastorno esquizofrénico, la necesidad de continuidad terapéutica y la posibilidad de neutralizar los riesgos procesales mediante una medida menos gravosa. La resolución reafirma la excepcionalidad de la coerción cautelar y la centralidad del derecho a la salud mental en el proceso penal.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la nulidad de una inspección fiscal que, en los hechos, implicó un allanamiento encubierto sin orden judicial sobre un inmueble de uso habitacional. La resolución reafirma la inviolabilidad del domicilio, invalida el consentimiento prestado sin asistencia letrada y fija límites claros al uso de facultades administrativas con fines probatorios penales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteró que la prisión preventiva solo puede sostenerse sobre la base de riesgos procesales concretos, debidamente acreditados y fundados mediante una motivación suficiente. El fallo reafirma el carácter excepcional de la medida, la necesidad de explorar alternativas menos lesivas y la incompatibilidad entre detención cautelar automática y principio de inocencia.